El juzgado declara en rebeldía procesal a José María Ruiz Mateos al no comparecer en el concurso de 'La Trapa'

Ruiz-Mateos

El empresario jerezano José María Ruiz Mateos ha sido declarado en rebeldía procesal ante su incomparecencia en el proceso concursal de 'La Trapa', con sede en Dueñas, que se sigue desde 2011 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Palencia.

En dicha situación han sido declarados igualmente, junto al patriarca de Nueva Rumasa, los administradores María Susana Álvarez Ampuero, Edwin-Salvador Cortez Beltrán, Santiago Agustín Hernández, a los que tanto la administración concursal como posteriormente el Ministerio Fiscal consideran responsables de llevar a la 'Trapa' a un concurso 'culpable'.

 

La administración concursal, en la pieza separada del concurso, emitió informe en el que calculó en 98.331.862,68 euros el déficit patrimonial de las cuatro antiguas sociedades de la mercantil palentina, Brookfield Promociones 21 SL, Mitelman SL, Soluciones Comerciales Trapa SL y Productora de Chocolates SL, y por ello solicitó para Ruiz Mateos y los otros tres administradores el pago, conjunto y solidario, de dicha cantidad y su inhabilitación por quince años para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo periodo.

 

En junio de 2011 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Palencia declaró el concurso voluntario de acreedores, antigua suspensión de pagos, de las sociedades Productora de Chocolates, Brookfield Promociones 21, Mitelman SL, y Soluciones Comerciales Trapa, todas ellas de Nueva Rumasa, que sumaban un pasivo de 83,5 millones de euros.

 

En el informe de la administración concursal, ésta llegó a asegurar que el presente caso constituye una de las estafas "más grandes ocurrida en la historia de España, junto con 'Forum Filatélico' y 'Afinsa', o la del caso 'Madoff' en EE.UU, en referencia al convencimiento de que las operaciones realizadas por los citados administradores de la chocolatera palentina tuvieron por objetivo la agravación del estado de insolvencia de la concursada.