El juez sigue adelante con la querella contra Javier Iglesias

Ha tomado declaración esta mañana a Luis Felipe Delgado, exgerente de Ifesa, como parte de las diligencias de la querella contra el presidente de la Diputación de Salamanca por las contrataciones 'a dedo' de personal vinculado al PP para los trabajos de Agromaq.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Salamanca sigue adelante con las diligencias sobre la querella interpuesta por el grupo socialista en la Diputación contra el presidente, Javier Iglesias, y el diputado de ferias, Jesús María Ortiz. En la querella, admitida a trámite el pasado 30 de septiembre, se acusa a Iglesias y Ortiz de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por la contratación de personal vinculado al PP para las tareas de preparación de Agromaq. Estas contrataciones supusieron el despido, en dos anualidades, de cinco trabajadores que hacían estas funciones; estos despidos ya se declararon improcedentes por lo que se tuvo que indemnizar a los afectados.

 

El proceso ha llevado al juzgado a Javier Iglesias y Jesús María Ortiz, que acudieron a declarar el pasado día 16 de octubre. El titular del juzgado ha seguido con sus diligencias y esta mañana ha acudido a declarar como testigo Luis Felipe Delgado, exgerente de Ifesa, que estaba citado a las 9.30 horas y que se ha presentado puntual a la cita, aunque no ha querido hacer declaraciones sobre su comparecencia.

 

El motivo de la querella es la supuesta contratación ilegal 'a dedo' de varios trabajadores para la feria Agromaq durante los años 2011 y 2012. Los trabajadores, además de haber sido contratados de forma irregular, pertenecerían al Partido Popular, por lo que se presume el delito detráfico de influencias. Aquellas contrataciones supusieron además el despido de los trabajadores que venían realizando estas tareas desde 5-8 años atrás para situar a estos en su lugar mediante despidos improcedentes, lo que habría causado un importante perjuicio a las arcas de IFESA (Institucion Ferial de Salamanca), lo cual recae presuntamente en el delito de malversación. Y en último lugar, las decisiones se tomaron por ambos saltándose a conciencia los procedimientos administrativos legales, lo que es el principal argumento para la acusación de prevaricación.

 

 

Desde que se hiciera pública la admisión a trámite de la querella, Javier Iglesias únicamente se ha referido a la denuncia para acusar al PSOE de la Diputación de actuar con una "clara intencionalidad política". Esto ha supuesto el incremento de la tensión en las relaciones entre los grupos políticos en la Diputación y ha derivado en la falta total de consenso y consultas, por ejemplo, para elaborar el último proyecto de presupuestos para 2014.

 

El alcalde de la ciudad, a la sazón también secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, también ha realizado una única intervención pública al respecto, interpelado por los periodistas, para asegurar que su partido está "orgulloso" y "tranquilo" respecto a Iglesias. En el caso del otro popular acusado, el diputado Jesús María Ortiz, ni personalmente ni a través de los anteriores se ha manifestado públicamente ninguna defensa argumental frente a la querella.