El juez Ruz desmonta la 'coartada' de Mañueco y Rodríguez ante los 'papeles' del PP salmantino

El alcalde Fernández Mañueco junto a Fernando Rodríguez (Foto: F.Rivas)

Las tesis que maneja el juez en la investigación del caso Bárcenas rechazan que los secretarios generales se puedan escudar en el desconocimiento y señala a los responsables políticos como superiores de los gerentes sobre la financiación ilegal del PP. Ruz cree que los secretarios generales tienen el deber de conocer las cuentas del partido.

El escándalo de los 'papeles' del PP salmantino, en los que se revela el presunto cobro de cantidades para financiar la campaña de 1999, ha caído como una losa sobre el partido en Salamanca. Rápidamente, el partido se ha apresurado a desmentir la información, mientras sus responsables actuales niegan su conocimiento y participación en los hechos, a pesar de que ya estaban al frente del partido entonces; y el autor material de las anotaciones, que no se ha pronunciado públicamente, intenta desviar la responsabilidad al gerente y se escuda en una interpretación errónea de la legislación para explicar los cobros ilegales. Tanto Fernández Mañueco y como su teniente de alcalde, Fernando Rodríguez, se agarran a estas justificaciones a pesar de que eran secretario provincial y responsable de acción electoral, y de que siguen siendo cabezas visibles del PP salmantino.

 

Sin embargo, la coincidencia de estas informaciones con otro proceso sobre la financiación ilegal del PP, el caso Bárcenas, no solo desmonta esta defensa, sino que confirma que los responsables habrían cometido graves delitos económicos y posible fraude electoral. Así se desprende, al menos, de las tesis que maneja el juez Pablo Ruz en la investigación del caso Bárcenas. Otro escándalo surgido de la publicación de unos 'papeles' y que tiene en jaque a buena parte del Partido Popular y a todos los que tuvieron mando en gestión económica dentro del partido.

 

 

DEBER DE VIGILAR LAS CUENTAS

 

Tanto en el caso Bárcenas como con los 'papeles' del PP, los dirigentes populares afectados se han escudado en el desconocimiento de las gestiones de los tesoreros y gerentes, derivado en algunos casos del hecho de no ocupar puestos de responsabilidad en el organigrama del partido. Esta ha sido la coartada de tres de los cinco secretarios generales de la época investigada, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal. Y también de Alfonso Fernández Mañueco, que ha asegurado no tener nada que ver "personalmente" a pesar de ser secretario provincial; y también ha sido la explicación de Fernando Rodríguez, que en la información publicada por 'El País' aseguró que "el presupuesto provincial se lleva desde la gerencia provincial, no lo llevo yo", a pesar de que reconoce que el documento publicado es un esbozo de presupuesto de la campaña y lleva su letra.

 

Sin embargo, según el juez Ruz, los secretarios generales del partido tienen "una posición jerárquica y autoridad sobre la actuación del gerente del partido", papel que les otorga el propio estatuto del PP, y que dada esa posición están obligados a ejercer tareas de control o vigilancia en relación a las actividades propias atribuidas al gerente" que incluyen las cuentas de la formación. Una afirmación con la que el juez de la Audiencia demonta las explicaciones dadas por muchos dirigentes del PP sobre la existencia de una contabilidad paralela.

 

Esta tesis invalida las pocas explicaciones dadas por los dirigentes del PP salmantino. Fernando Rodríguez, portavoz municipal desde 1995 y responsable de campaña en 1999, tenía el deber de conocer las cuentas del gerente de la formación, si es que fue el responsable de los presupuestos para la campaña. Y el mismo deber obligaba a Fernández Mañueco, secretario provincial del partido entonces, a estar al tanto de la gestión económica desde un puesto como el que ocupaba, clave en el funcionamiento interno.

 

Un deber que puede hacer recaer importantes responsabilidades sobre ellos si se prueba la financiación irregular: Ruz considera que, en lo que se refiere al caso Bárcenas, se aprecian delitos fiscales, contables y delito electoral. Un panorama que convierte en preocupantes las consecuencias que se podrían derivar de un caso con una construcción clónica, como es la de los 'papeles' del PP salmantino, y que el PSOE ya ha llevado a la Fiscalía.