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El juez pide a la Junta Electoral Central información para saber si Méndez está usurpando o no el cargo

La petición llega antes de decidir si archiva o dicta auto de imputación respecto de la querella interpuesta contra el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, por un posible delito de usurpación de funciones públicas.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid se ha dirigido a la Junta Electoral Central para que le remita información sobre la reforma en 2011 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), antes de decidir si archiva o dicta auto de imputación respecto de la querella interpuesta contra el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, por un posible delito de usurpación de funciones públicas.

  

El magistrado José María Crespo, a través de un oficio al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, pretende que la Junta Electoral Central aporte copia certificada de los acuerdos de 03-03-2011, 27-09-2012, 25-10-2012 y 20-03-2012 emitidos tras la nueva redacción del artículo 6.2.B. de la Loreg impulsada por la Ley Orgánica 3/2011, en la que se establece la pérdida 'ex lege' de la condición de miembro de la corporación local de aquella persona que haya sido condenada por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la administración pública.

  

Tal argumento es que sostiene la parte querellante y acusación particular, ejercida por la asociación Arroyo Siglo XXI, según la cual Méndez y los miembros de su equipo de gobierno, tanto los diez de IPAE como el dimisionario y hoy adscrito al Grupo Mixto, Luis Miguel Jara, habrían incurrido en un delito de usurpación de funciones, el primero por negarse a dejar su puesto, a pesar de su condena por el 'Caso Arroyo', y el resto por no poner remedio a la situación.

  

El juez instructor se ha dirigido igualmente al Ayuntamiento de Arroyo para que aporte en soporte papel, no sólo en formato digital, la documentación de las actas de los plenos donde se abordó esta cuestión y el informe del secretario municipal que avalaba la legalidad de que el alcalde siguiera al frente de la corporación a pesar de la referida sentencia condenatoria.