El juez del 'caso PGOU' pide a las defensas que presenten sus escritos antes del 11 de marzo

La Audiencia de Valladolid ha desestimado la pretensión de Mezquita de que el escrito de la 'Antonio Machado' se declarara extemporáneo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha emplazado a los abogados de los imputados en el denominado 'Caso PGOU' para que presenten sus respectivos escritos de defensa, después de que la Audiencia de Valladolid desestimara el recurso de uno de ellos para que se inadmitiera el presentado por la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', por considerar que fue presentado fuera de plazo.

  

El auto del instructor, José María Crespo, establece que las defensas de los imputados tendrán como límite el día 11 de marzo para presentar sus escritos, algo que ya cumplimentaron primero la referida acusación pública y posteriormente el Ministerio Fiscal, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

  

El auto del instructor se produce después de que la Sección Segunda de lo Penal dictara otro en virtud del cual se desestima el recurso interpuesto por la defensa del exjefe del Área de Urbanismo Modesto Mezquita-se habían adherido otras defensas-para que dicho tribunal rechazara el escrito de acusación de la 'Antonio Machado' por entender que el mismo había sido presentado fuera del plazo estipulado.

  

Aclarada la cuestión, los defensores contarán a partir de ahora con más de cuarenta días para argumentar los motivos de sus respectivas peticiones de absolución de sus patrocinados.

  

Por su parte, Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de penas que se elevan a treinta y dos años de prisión para trece personas, entre exconcejales, técnicos, arquitectos y empresarios, por su presunta implicación en la alteración del PGOU, principal herramienta de planeamiento urbano de la capital.

  

A los imputados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

  

En su escrito de calificación provisional, la acusación solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, Antonio García de Coca, el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

  

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

  

Incluye también en el listado de imputados, con peticiones de 2,5 años, multa de 4.500 euros y 18 meses de inhabilitación para actividades relacionadas con la vivienda, a los empresarios Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, a quienes acusa de inductores en un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.

  

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que para los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), socios los tres de Grupo Capitol, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.

 

PERITACIÓN PREVIA AL JUICIO

  

La acusadora pública solicita asimismo, para su práctica antes del juicio oral, con la finalidad de determinar la cuantía la multa a imponer por los delitos de tráfico de influencias, que se designe a un perito titulado que dictamine sobre los beneficios pretendidos en la tramitación de los expedientes relativos a las parcelas de la Avenida de Madrid, P.K. 185, y los obtenidos como consecuencia de los tramitados en relación a las fincas de José María Lacort con Simón Aranda ('Cáritas') y la calle Araca Real número 54.

  

Además, de entre la extensa prueba testifical destaca la pretensión de que comparezca en el juicio, en calidad de testigo el exalcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva -ya quiso llevarlo como acusado- tras recordar que cuando se inició la tramitación del expediente de modificación del PGOU no sólo era el máximo representante de la institución sino que también "presidió las juntas de gobierno local en las que se adoptaron distintos acuerdos relacionados con los hechos incluidos en la causa e igualmente hizo lo propio en numerosos plenos en cuyo orden del día figuraban acuerdos que conciernen a los hechos".

  

La acusación popular en esta causa, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', ya presentó en septiembre su escrito de calificación en la que las penas más elevadas las solicitó igualmente para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, a quienes pide penas de cuatro años.