El juez del 'Caso PGOU' dicta auto de imputación contra otras cuatro personas

Dos de los imputados están relacionados con la construcción del hotel Marqués de la Ensenada.

José María Crespo ha dictado auto de imputación contra otras cuatro personas, Gonzalo Jolín, Pilar Asunción López Mazariegos, Francisco Capellán Bernardo y Lino Collazos del Castillo,

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, José María Crespo, ha dictado auto de imputación contra otras cuatro personas, Gonzalo Jolín, Pilar Asunción López Mazariegos, Francisco Capellán Bernardo y Lino Collazos del Castillo, por su presunta implicación en las irregularidades detectadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

  

La decisión del instructor se produce después de que los días 19 y 21 de noviembre citara a declarar, en calidad de imputados, a Jolín, vinculado éste a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid, Pilar Asunción López Mazariegos, Francisco Capellán Bernardo, relacionado junto con la anterior con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, y al canónigo de la Fundación Emilio Álvarez, Lino Collazos del Castillo, con motivo de una actuación urbanística en la calle José María Lacort.

  

Si bien tan sólo Jolín llegó a declarar, ya que los otros tres se acogieron a su derecho de hacerlo únicamente a preguntas del juez, la fiscal y sus letrados, que no formularon pregunta alguna, el instructor ha acordado finalmente dictar auto de imputación contra todos ellos, contra el que cabe recurso de reforma y subsidiariamente de apelación.

  

Su interrogatorio fue ordenado a finales de octubre por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, que como principal resolución acordó mantener al alcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva, y al concejal de Seguridad y Movilidad, Manuel Sánchez, fuera de la lista de personas imputadas por el 'Caso PGOU', pese al criterio en contra de la Fiscalía y la acusación popular.

  

Además, la Audiencia vallisoletan sacó de la lista de imputados al secretario municipal, Valentín Merino Estrada, a José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, y a Luis Ángel Lavín Deza, actual letrado municipal, mientras que incluyó en el listado de personas imputadas a Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, que ya prestó declaración por estos hechos como imputado a lo largo de la instrucción.

  

La resolución de la Audiencia de Valladolid se produjo después de analizar los autos originales de la causa, en total 7.750 folios y numerosas grabaciones de declaraciones, junto con los catorce recursos de apelación de los imputados, doce de ellos de personas físicas y dos del fiscal y la acusación popular, interpuestos contra el auto de fecha 31 de julio de 2013 del Juzgado de Instrucción número 1.

  

En aquel auto, el juez excluyó al alcalde de Valladolid y en cambio dirigió la causa contra doce personas físicas y cuatro empresas: Capitol Promociones, Parkosa, Vallenaba Capitol y Progot, cuya situación permanece invariable.

  

En el caso de las personas físicas imputadas, el instructor incluyó como principales responsables de las alteraciones detectadas en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid al exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca; al secretario municipal, Valentín Merino Estrada, desimputado por la Audiencia Provincial; al arquitecto Luis Álvarez Aller; al exjefe de Área de Urbanismo, Modesto Mezquita; a José Luis Cerezo, exjefe de este servicio; a los hermanos José Luis y Eduardo González Torres y a José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), los tres socios de Grupo Capitol; Antonio Pastrana y José Ángel Astorga, socios de Parkosa, así como a José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica municipal, y al todavía letrado municipal, Luis Ángel Lavín Deza, otros dos que vieron sobreseidas las actuaciones contra ellos..

  

A los imputados se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios, todo ello por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.