El juez decide abrir juicio oral a Terciado y da la razón a la patronal de Salamanca

Jesús Terciado, a la salida del juzgado el pasado julio.

El expresidente de Cecale se sienta en el banquillo y se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel por cobros irregulares. El juzgado decreta la apertura de juicio oral junto a su antecesor y tres exsecretarios generales a los que se pide la misma pena.

El que fuera presidente de Cepyme, Jesús María Terciado, tendrá que sentarse en el banquillo para responder de aspectos oscuros de su gestión al frente de la patronal nacional de las pequeñas y medianas empresas, en la que se le acusa de haber detraído 1,2 millones de euros que facturó a través de sus empresas por trabajos no realizados y por ponerse un sueldo sin que los estatutos lo contemplaran. Lo hará en breve, procesado por los delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida, por los que se le piden cuatro años de cárcel y una fianza de casi un millón de euros. Y junto a él, la cúpula de la historia reciente de Cepyme, incluido el antecesor de Terciado y tres secretarios generales. Un juicio que pone en solfa toda una época como ocurrió con el expresidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, al que está relacionado: fue quien lo nombró.

 

Este juicio es la culminación de un proceso que obligó a Terciado a abandonar la presidencia de Cepyme y también con anterioridad la de la patronal de Castilla y León, Cecale, dejando atrás un legado dudoso: números rojos de 1,9 millones en Cepyme y la quiebra virtual de Cecale y de las organizaciones provinciales que la componen, organizaciones a las que sumió en serios problemas mientras como presidente disfrutaba de gastos personales casi sin límite. En ambos casos, fueron las denuncias de la patronal salmantina Confaes las que lograron sacar a la luz lo que Terciado había ocultado.

 

Terciado acabó reprobado por la patronal Cecale, de la que tuvo que salir por la puerta de atrás por el escándalo de sus gastos con la tarjeta de crédito corporativa, y que dejó en situación muy delicada por una gestión que una auditoría interna calificó como irregular. Pero todavía tenía pendiente dar cuentas por lo ocurrido en Cepyme, cuestión que se va a ventilar en los tribunales.

 

Terciado salió airoso el envite en los juzgados de Valladolid por una mera cuestión de forma: la juez estimó que siendo reales los gastos desmesurados y abusivos no existía reglamentación sobre el uso de los mismos. En Cecale, con la colaboración de algunas provincias, embarcó a la organización en la construcción de una nueva sede que ha llevado a la patronal autonómica a pasar por una situación económica comprometedora.

 

Sin embargo, su delicada situación en Cecale le obligó a mover ficha en Cepyme, coincidiendo en fechas la demanda de Confaes en Valladolid por sus cobros en Cecale con la interrupción de la facturación falsa en Cepyme, sustituyéndolos por un contrato de alta dirección que se realizó a sí mismo, uno de los motivos por los que ahora se sienta en el banquillo.

 

Así ha acabado la decisión que, en 2010, tomó Jesús María Terciado a su llegada a Cepyme. Aunque los estatutos de la patronal contemplaban el cargo de presidente como honorario y sin sueldo, el empresario abulense utilizó un sistema irregular para cobrar una importante remuneración. Durante más de dos años, desde junio de 2010 a octubre de 2012, facturó a Cepyme a través de dos de sus empresas por trabajos ficticios de asesoría. Cada mes  se emitía factura a favor de Ingasert y Tecrucyl: en total, más de 730.000 euros.

 

En 2012, Terciado decidió cambiar de sistema y, a espaldas de la asamblea de Cepyme, se firmó a sí mismo un contrato de alta dirección para tener sueldo. Se puso una remuneración de 140.000 euros, más dietas, tarjeta a su disposición, gastos de representación… Cuando sus artificios para vivir de su cargo salieron a la luz, fue expulsado de Cepyme. Para entonces, y según la justicia, el daño a las arcas de la asociación patronal había superado los 1,2 millones, lo que había detraído Terciado de manera irregular como presidente.

 

En noviembre de 2014, Cepyme obligó a Terciado a dimitir como presidente ante el escándalo de los cobros irregulares. Ahora esta decisión le sienta en el banquillo donde se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por parte de la fiscalía y que le obligará a depositar una fianza de 967.418 euros; si no lo hiciera, se le embargarán bienes hasta cubrir esta garantía.