El interventor del Ayuntamiento de Valladolid, de testigo a imputado en el 'Caso Samaniego'

Los Juzgados de Valladolid. TRIBUNA

Su declaración como testigo, prevista para este jueves en el en el Juzgado de Instrucción número 4, ha sido suspendida ante la posibilidad de que su testimonio pudiera incriminarle.

El interventor del Ayuntamiento de Valladolid, Rafael Salgado, será citado a declarar en calidad de imputado por el caso de supuestas adjudicaciones irregulares de obras y servicios al clan de empresas del exjefe del Servicio de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego, después de que la juez instructora suspendiera este jueves la declaración del funcionario municipal prevista en calidad de testigo.

 

La nueva situación del interventor se ha producido por la mañana cuando, acompañado de abogado, el empleado público ha comparecido en el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital y al disponerse a responder a las preguntas de las partes, en calidad de testigo, ha comunicado que ocupa el cargo desde julio de 2012.

 

A partir de ese momento, la instructora ha suspendido la testifical y ha advertido al testigo de que algunas de sus respuestas podrían incluso incriminarle, de ahí que haya anunciado su propósito de citarle otro día, en fecha por concretar, para que preste testimonio como imputado, y ello con el beneplácito del Ministerio Fiscal y la postura en contra del letrado defensor de los Samaniego, Luis Lavín, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

Lo ocurrido ha llevado incluso a este último letrado a interesarse sobre si la juez adoptaría la misma medida con otros testigos pendientes de declarar en la causa, como el secretario municipal, Valentín Merino, o la directora del Área de Patrimonio, Isabel Page, cuyos interrogatorios están previstos para los días 19 y 20 de este mes, respectivamente, aunque la juez no ha concretado si procederá también a su suspensión para citarles como imputados.

 

INTERVENCIÓN GENERAL DEL ESTADO SE EXCLUYE

 

Otra de las novedades conocidas es que Intervención General del Estado, a la que la juez había encomendado la realización de un informe sobre todos los contratos formalizados con el clan Samaniego entre los años 2000 y 2011, en total 1.379 facturas por más de 11,2 millones de euros, ha alegado falta de competencia para acometer dicho análisis y ha sugerido que el mismo lo hagan los servicios jurídicos de la Diputación provincial o bien de la Junta de Castilla y León.

 

Intervención General del Estado y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, junto con el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional eran hasta ahora las tres partes encargadas de elaborar distintos informes para determinar, entre otras cuestiones, analizar los contratos entre las empresas de la familia Samaniego y el Consistorio y si las mercantiles investigadas y sus socios han satisfecho los impuestos por las obras recibidas y si esas sociedades, pese a tener nombres distintos, podrían ser consideradas con una a efectos fiscales.