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El instructor del 'Caso PGOU' cita a declarar como imputados a los cuatro señalados por la Audiencia

Los refugiados sirios que llegaron a Valladolid llevan desaparecidos desde el 28 de marzo. TRIBUNA

Eel instructor ha comunicado su intención de tomar declaración el próximo día 19 de noviembre, a las a Gonzalo Jolín, a Pilar Asunción López Mazariegos, mientras que Francisco Capellán Bernardo, y Lino Collazos del Castill  testificarán el día 21.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha citado ya a declarar como imputadas a las cuatro personas designadas por la Audiencia Provincial como posibles acreedoras a ocupar finalmente el banquillo con el resto de imputados, hasta la fecha nueve, por su implicación en las manipulaciones detectadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital.

  

Apenas unas horas después de que la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, presidida por Feliciano Trebolle, dictara el auto que resolvía los recursos de las distintas partes personadas en el caso, excluyendo de la lista de imputados, como principal medida, al alcalde, Francisco Javier León de la Riva, y al concejal Manuel Sánchez, el juez instructor, José María Crespo, ha atendido ya la petición de la Sala de interrogar en calidad de imputadas a cuatro más.

  

En su providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, el instructor ha comunicado su intención de tomar declaración el próximo día 19 de noviembre, a las 09.30 horas, a Gonzalo Jolín, vinculado éste a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid, y, a partir de las 11.00 horas, a Pilar Asunción López Mazariegos, mientras que Francisco Capellán Bernardo, relacionado junto con la anterior con una operación en Arca Real, y Lino Collazos del Castillo, con motivo de una actuación urbanística en la calle José María Lacort, testificarán el día 21 a las 09.30 y 11.00 horas, respectivamente.

  

En el caso de estos cuatro, su declaración como imputados había sido solicitada por la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, con lo que ahora el juez deberá interrogarlos antes de determinar si acuerda dictar o no contra ellos auto de imputación o bien decide sobreseer su caso.

  

Pero además, el juez interrogará el día 24 de ese mismo mes, en calidad de testigo, a María del Mar Devesa, trabajadora de Inzamac, la empresa con la que el Ayuntamiento de Valladolid tenía contratada una parte la elaboración del PGOU. Su interrogatorio había sido pedido por el letrado del arquitecto municipal imputado, Luis Álvarez Aller.

  

En su providencia, José María Crespo traslada a la Policía Judicial la tarea de citar a los cinco debido al desconocimiento que tiene de sus respectivos domicilios.

  

En la actualidad, tras el auto de la Audiencia Provincial notificado el jueves, permanecen imputados en la causa, por la manipulación de la principal herramienta de planificación urbana de la ciudad, el exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe de Área de Urbanismo, Modesto Mezquita; José Luis Cerezo, exjefe de este servicio; los hermanos José Luis y Eduardo González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), los tres socios de Grupo Capitol, así como Antonio Pastrana y José Ángel Astorga, socios de Parkosa.

  

Por el contrario, han sido desimputados y, por tanto, exonerados, el secretario municipal, Valentín Merino Estrada; José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica municipal, y el todavía letrado municipal, Luis Ángel Lavín Deza.

  

La resolución de la Audiencia de Valladolid se produce después de analizar los autos originales de la causa, en total 7.750 folios y numerosas grabaciones de declaraciones, junto con los 14 recursos de apelación de los imputados, doce de ellos de personas físicas y dos del fiscal y la acusación popular, interpuestos contra el auto de fecha 31 de julio de 2013 del Juzgado de Instrucción número 1.

  

En aquel auto, el juez excluyó al alcalde y al concejal Manuel Sánchez y dirigió la causa contra doce personas físicas, reducidas ahora a nueve aunque con posibilidad de incrementarse a trece, a expensas del interrogatorio a las cuatro citadas, además de contra cuatro empresas jurídicas: Capitol Promociones, Parkosa, Vallenaba Capitol y Progot, cuya situación permanece invariable, mercantiles cuya situación permanece invariable.

  

A los imputados se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios, todo ello por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

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