El instructor del 'Caso PGOU' cita a declarar como imputados a dos abogados del Ayuntamiento

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha citado a declarar en calidad de imputados al que fuera jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, José Luis Barca, ya jubilado, y al todavía letrado municipal Luis Ángel Lavín Deza con motivo de las investigaciones que lleva a cabo desde hace casi cinco años. 

La comparecencia en sede judicial de ambos, que ya declararon por estos hechos anteriormente en calidad de testigos, tendrá lugar el próximo día 24 de abril y a la misma habrán de acudir con asistencia letrada. Cuando se produjeron los hechos, trabajaban en la Asesoría Jurídica municipal y elaboraron y firmaron el 14 de julio de 2008 el informe sobre la polémica modificación del PGOU.

 

Será Luis Ángel Lavín Deza el primero en comparecer, a las 13.00 horas, ante el juez titular, José María Crespo, y tras él lo hará el que fuera jefe de dicho servicio jurídico municipal, el ya jubilado José Luis Barca.  En ambos casos la comparecencia será a petición de la Fiscalía vallisoletana, que ha sido atendida por el instructor a través de una providencia.

 

Pero además, el juez, a petición también del fiscal, insta al Ayuntamiento a que aporte copia certificada del expediente del convenio firmado en su día con la Fundación Emilio Álvarez Gallego y el expediente de modificación puntual del PGOU que contempla el arreglo de parcelas en la calle José María Lacort.

 

Tal requerimiento tiene su origen en la denuncia que tanto Ángel Ceballos Buendía, expresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, como Julia Álvarez Arregui, sobrina de Emilio Álvarez Gallego, han presentado hace unos días ante la Fiscalía y en la que aseguran que dicha fundación tiene previsto acometer en la zona afectada, sede anteriormente del antiguo Colegio de Sordos y de Cáritas, un complejo inmobiliario con spa y apartamentos.

 

Sin embargo, la fundación alega que en el estudio de detalle presentado en el Ayuntamiento se recoge su compromiso de rehabilitar el inmueble de José María Lacort para volver a acoger tanto el Colegio de Sordos como Cáritas, momentánemente trasladados a la calle Santuario, y destinar toda la zona a usos dotacionales.

 

NUEVA DEMORA

 

Las pruebas, testificales y documentales, solicitadas por el juez supondrán una nueva demora antes de que José María Crespo acuerde el sobreseimiento de las actuaciones o bien, que es lo más probable, dicte el correspondiente auto de imputación contra algunos de la veintena de imputados que hasta la fecha han 'desfilado' por el Juzgado de Instrucción número. Entre ellos figura el propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva, así como antiguos miembros de la corporación (Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos) y de los todavía hoy ediles, Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez, junto con el arquitecto Pablo Luis Gigosos.

 

El último en declarar, el día 10 de enero de 2013, fue el exconcejal de Urbanismo y principal imputado, José Antonio García de Coca, quien entonces, en su segunda comparecencia ya ante el juez instructor, invocó nuevamente su inocencia y responsabilizó de lo ocurrido al que fuera arquitecto municipal Carlos Cándido Fraile Casares, fallecido en abril de 2006.

 

"Según él, como ya dijo en su día, sólo hay un responsable que es lamentablemente la persona que ha fallecido y que fue quien hizo y controló todo, sin que nadie más se percatara de lo ocurrido hasta tiempo después", resumió ese día el abogado de la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos.   

 

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos -el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

 

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

 

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.