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El fiscal pide 4 años y 10 meses de cárcel para Ramoncín por cargar facturas falsas a la SGAE

Ramoncín

Las facturas cargadas de manera ilegal por Ramoncín a cargo de la SGAE se cursaron entre septiembre de 2008 y marzo de 2011 y ascienden a 57.402 euros. 

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años y diez meses de cárcel para el cantante José Ramón Márquez, alias 'Ramoncín', por haber cargado presuntamente a la Sociedad General de Autores de España (SGAE) facturas "irregulares" o que obedecían a servicios inexistentes por valor de 57.402 euros entre septiembre de 2008 y marzo de 2011.

 

El fiscal José Miguel Alonso, que ha remitido este lunes su informe de acusación provisional al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, atribuye al cantante los delitos de falsedad documental y apropiación indebida, aunque también plantea como alternativa una multa de 13.924 euros por el delito de administración desleal.

 

También solicita cuatro años y diez meses de cárcel para el ex director general de la Sociedad Digital de Autores (SDAE) y presunto cabecilla de la trama, José Luis Rodríguez Neri, al que atribuye un delito de apropiación indebida y otro de falsedad.

 

Al exdirector de los Servicios Jurídicos de la entidad Pablo Hernández Arroyo le reclama dos años y nueve meses de cárcel por apropiación indebida o, alternativamente, una multa de 40.356 euros por administración fraudulenta. La pena solicitada para el ex director general de SGAE y exconsejero de la filial digital Enrique Loras es de dos años de cárcel por apropiación indebida o, alternativamente, una multa de 20.866 euros por administración fraudulenta.

 

ILEGÍTIMA SALIDA DE FONDOS

 

Alonso señala que, "con el exclusivo objetivo de procurarse un lucro ilícito", 'Ramoncín' y su amigo Rodríguez Neri, que "se prestó a darle su colaboración imprescindible" para su "ilícito fin" mediante la "posición decisiva que ostentaba en la SGAE, procedieron a la "elaboración e ideación de determinada documentación que en apariencia diera cobertura a la ilegítima salida de fondos que iban a llevar a cabo".

 

Para ello, concretaron cinco "hipotéticos negocios jurídicos", todos ellos "al margen de la deuda por importe de 121.159,72 euros" que, a fecha del 26 de junio de 2012, 'Ramoncín' mantenía con la SGAE por "los anticipos recibidos a cuenta de los derechos de autor".

 

El primero de estos negocios consistió en la elaboración de un programa de televisión llamado 'El creador', por el que el cantante cobró en septiembre de 2008 una factura de 10.100 euros a cambio de "unas páginas referidas" al proyecto que nunca fueron "objeto de desarrollo ni de expectativa de beneficio alguno para la sociedad pagadora", que fue la filial de la SGAE Portal Latino.

 

La sociedad mercantil Jupiter Music, de la que 'Ramoncín' era administrador único, también cobró 5.800 euros en diciembre de 2009  de la SDAE por el "estudio, desarrollo y puesta en funcionamiento"  de un sistema de protección de archivos llamado 'La caja fuerte virtual'. En su declaración ante el juez, en enero de 2013, defendió que, de haber vivido en Estados Unidos, esta herramienta se la habría "vendido a Steve Jobs". "Como vivo en España, se la vendí a la SGAE", defendió.

 

La SDAE también abonó a la sociedad de 'Ramoncín' dos facturas por un total de 28.050 euros en diciembre de 2010 y marzo de 2011 por la redacción de las "líneas directrices" del programa de televisión  '¿Hablamos el mismo idioma?'. Las dos partes firmaron un contrato que se encontró en la casa de Rodríguez Neri a pesar de que no figuraba en los archivos de la SGAE, "en los que únicamente aparecía una copia sin firmar de un borrador de contrato", y que no estaba "amparado" en ningún acuerdo adoptado con arreglo a los estatutos de la sociedad.

 

Al margen de la participación de Rodríguez Neri, 'Ramoncín' elaboró en 2010 un proyecto de divulgación de los derechos de autor dirigido a la SGAE por importe de 6.962 euros que se desarrolló con el "beneplácito" de Loras y Hernández.

 

Además, percibió presuntamente otros 6.490 euros como adelanto por la indemnización que la SGAE debía pagarle como resultado de una sentencia dictada en 2011 por el Tribunal Supremo.

 

El entonces director de los servicios jurídicos autorizó el pago al entender "unilateralmente" que la resolución judicial era "perjudicial desde el punto de vista corporativo para la entidad de gestión". Para evitar que el Consejo de Dirección tuviese conocimiento de esta decisión, fijó la cuantía en 5.500 euros, que se incrementó en 990 euros al aplicarle el 18 por ciento de IVA.

 

UNA DECENA DE EXDIRIGENTES IMPUTADOS

 

En la pieza principal del 'caso SGAE', ajena a esta pieza separada, se investiga "la existencia de un entramado empresarial creado" en torno a Rodríguez Neri, que habría aprovechado su posición para beneficiar con "una exclusiva contratación" a las empresas SDAE, Portal Latino y Microgénesis, de las que este era director, consejero y presidente, respectivamente.

 

En la red, dedicada a "simular un tráfico mercantil normal y ajustado a derecho", también habrían participado la hija de Neri, Leticia Rodríguez Álvarez; su hermana, Juana Cristina Rodríguez Neri; su compañera sentimental, María Antonia García Pombo; y la hermana de esta, Pilar Eva García Pombo . También tuvieron un "papel relevante" el directivo de Microgénesis Rafael Ramos; su novia, Elena Vázquez; y la hija de ambos, Sara Ramos Vázquez.

 

A pesar de no contar con ningún trabajador, la SDAE "subcontrataba todo el trabajo" a la empresa Microgénesis, según apunta el auto de De la Mata en el que incoa una pieza separada por las actuaciones de Márquez.

 

También están imputados en la causa el entonces presidente de la SGAE, Eduardo 'Teddy' Bautista; el exdirector general Enrique Loras; y el exdirector financiero Ricardo Azcoaga por "haber tenido suficiente conocimiento de estas vinculaciones" y haber "autorizado, consentido e impulsado" las actividades de Rodríguez Neri.