El exdirector de Minas de Valladolid cumple condena en el penal cántabro de El Dueso por cohecho y falsedad

El que fuera jefe de la Sección de Minas de la Junta en Valladolid entre 2000 y 2004, Maurilio Parrado Castro, se encuentra ya interno en el centro penitenciario de El Dueso, en la localidad cántabra de Santoña, donde cumplirá parte de los tres años de prisión.

Maurilio Parrado, cuya condena por delitos de cohecho en concurso con el de negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsedad en documento oficial, que incluye cinco años de inhabilitación, fue confirmada íntegramente por el Tribunal Supremo en abril de 2014, ingresó voluntariamente el pasado sábado en el penal cántabro una vez expirado el pazo concedido para comenzar a cumplir la pena privativa de libertad, según pudo saber Europa Press en fuentes jurídicas.

 

El condenado, que llegó a querellarse, sin éxito, contra la propia sala que le juzgó y el fiscal que ejerció la acusación pública, tiene recurrida la condena en amparo ante el Tribunal Constitucional y ha solicitado el indulto al Ministerio del Interior, ambos pendientes de resolución, si bien días antes de ingresar en prisión anunció su propósito de seguir defendiendo su inocencia ante cualquier instancia, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

De hecho, el condenado ha aportado recientemente un escrito del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España, del que es colegiado, en el que dicha organización, por unanimidad, entiende que los hechos investigados no tienen base determinante para condenar a Maurilio Parrado por falsedad en documento oficial.

 

Sin embargo, la Audiencia Provincial, en una condena luego confirmada íntegramente por el Supremo, dejó claro que Maurilio Parrado se aprovechó de su cargo para exigir a las empresas Gracalsa, Álvarez Fray y Minas S.L. la contratación de determinados ingenieros de minas, forzar la participación accionarial de su hermano en una de las empresas (Minas S.L.) y exigir dinero (menos de 9.000 euros en total a lo largo de tres años) a cambio de acelerar o no paralizar determinados expedientes mineros.