El ex jefe de la sección de minas defiende que actuó cumpliendo la legalidad

Imagen de la primera sesión del juicio.

El que fuera jefe de la Sección de Minas de la Junta en Valladolid entre los años 2000 y 2004, Maurilio P.C, acusado de cohecho por haber presionado a empresas del sector de la explotación de áridos para que, entre otras dádivas, les hicieran socios a él y su hermano ha rechazado tales hechos y ha defendido que a lo largo de su mandato actuó cumpliendo "escrupulosamente" la legalidad.

 

El que fuera jefe de la Sección de Minas de la Junta en Valladolid entre los años 2000 y 2004, Maurilio P.C., acusado, entre otros delitos, de cohecho por haber presionado a empresas del sector de la explotación de áridos para que, entre otras dádivas, les hicieran socios a él y su hermano, también imputado, para no perjudicarles, ha rechazado de forma categórica tales hechos y ha defendido que a lo largo de su mandato, que realizó en comisión de servicios y durante diferentes periodos de tiempo, actuó cumpliendo "escrupulosamente" la legalidad.

 

El interrogatorio del principal inculpado, Maurilio P.C, quien ocupa banquillo en la Audiencia de Valladolid junto a su hermano Amado, ingeniero de Minas, se ha prolongado por espacio de más de tres horas y se ha caracterizado por la complejidad y el carácter técnico del mismo, ya que buena parte de las preguntas del fiscal y las cuatro acusaciones particulares personadas en la causa -la Junta y tres empresas de áridos- se han centrado en la tramitación de expedientes mineros, supuestamente irregulares, en los que habría participado el primero de ambos hermanos.

 

La duración de su testimonio ha obligado a la Sala a modificar sus planes y a posponer para el miércoles por la tarde la mayor parte de la prueba testifical, con lo que hasta entonces no se podrá conocer la versión de los hechos de los representantes de las empresas supuestamente perjudicadas.

 

SEGURO Y DESAFIANTE

 

En su declaración exculpatoria, Maurilio P.C. se ha mostrado seguro y por momentos desafiante ante, a su juicio, el desconocimiento mostrado por las partes acusadoras respecto de la tramitación de expedientes del área de Minas, aunque en todas sus respuestas ha defendido su inocencia y ha apuntado que siempre fue "escrupuloso" en su actuación como jefe de Sección y que ésta no entrañaba incompatibilidad alguna con otras actividades que ejercía, algunas de ellas en un piso de su propiedad en la calle Marcelo González.

 

El acusado se refería así a su condición de representante del Colegio de Ingenieros de Minas o al hecho de que en el mismo inmueble se encontraran las sedes de su despacho jurídico 'Parrado de Castro' y de  la mercantil 'Asesoría Integral a la Minería', de la que era administradora su propia esposa y cuya actividad estaba directamente relacionada con la de su cónyuge.

 

En cuanto a su relación con el empresario Julio César Valle, uno de los principales acusadores particulares, el imputado ha negado que le presionara para sufragar económicamente distintos cursillos de formación impartidos por el Colegio de Ingeniero de Minas. De hecho, Maurilio P.C. ha precisado que el industrial tan sólo aportaba su teléfono y dirección de la empresa para facilitar las inscripciones de los interesados.

 

"Participó en cuatro cursos, en tres de los cuales yo no era jefe de la Sección de Minas, con lo que difícilmente pude obligarle a nada", ha enfatizado el acusado, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha rechado igualmente en términos de "no es cierto, en absoluto" que hubiera presionado a Julio César Valle para que le hiciera a él y su hermano socios de su empresa o para que le pasara mensualmente 50.000 de las antiguas pesetas por agilizarle expedientes.

 

De igual modo, ha negado que los más de 8.000 euros que costó la remodelación del piso de la calle Marcelo González de su propiedad salieran del bolsillo de Julio César Valle o que hubiera tratado de imponerle a su hermano como el técnico que debía firmar y cobrar los proyectos que presentase su empresa en la Sección de Minas.

 

A modo de resumen exculpatorio, el imputado ha calificado de "absurdas" todas estas acusaciones y ha recordado varias veces que su puesto no tenía función decisoria sino meramente informativa y que, además, difícilmente podía prometer agilizar la resolución de solicitudes de permisos de explotación a los empresarios de áridos por cuanto "un expediente administrativo no se resuelve de un plumazo sino que los tramitan muchas personas y durante mucho tiempo", además de que en la tramitación de algunos de los que se le imputan él no ocupaba el puesto de jefe de Sección.

 

SEIS AÑOS PARA EL EXJEFE DE MINAS

 

Con carácter provisional, Maurilio P.C. se enfrenta a una posible condena global de seis años de cárcel, en concreto dos años de privación de libertad, seis de inhabilitación y 30.000 euros de multa por delito continuado de cohecho, en concurso con otro de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, y otros cuatro años, multa de 6.750 euros, inhabilitación por tres años por un delito de falsedad en documento oficial, además de otros 450 euros de multa por una falta de intrusismo.

 

Para su hermano, Amado P.C, la acusación pública interesa dos años como cooperador necesario en el delito continuado de cohecho, inhabilitación por cinco años y 30.000 euros de multa.  

 

La Junta, por su parte, interesa para Maurilio P.C. un total de cuatro años por un delito continuado de cohecho en concurso con otro de negociaciones prohibidas a funcionarios.

 

En su relato de hechos, las acusaciones sostienen que durante el tiempo en el que Maurilio P. ocupó la Jefatura de la Sección de Minas advirtió a algunos empresarios de que la marcha de su sociedad dependía de los informes suyos.

 

Así, además de las supuestas dádivas obtenidas del industrial Julio César Valle, los acusadores entienden que el exjefe de Minas coaccionó, sin éxito, con igual pretensión a otros dos empresarios más, representantes de Cementos La Parrilla y Álvarez Fray, al objeto de que contrataran a su hermano o para que fueran firmados por él los proyectos que presentasen.

 

El juicio contará entre sus testigos el próximo miércoles con la presencia del que en la época investigada fuera delegado territorial de la Junta y presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, hoy portavoz del Grupo Popular en la Diputación vallisoletana, así como del exdelegado de la Junta Mariano Gredilla y del exsecretario general de la Consejería de Economía Rafael Delgado, casualmente sustituido en este cargo por el anterior.