El ex alcalde de Arroyo sale de prisión para cumplir su condena en tercer grado en Valladolid

José Manuel Méndez (a la derecha), junto a su abogado Gómez de Liaño.

José Manuel Méndez abandona este viernes la cárcel gallega de Teixeiro y completará su condena en el Centro de Inserción Social (CIS) de Santovenia de Pisuerga.

El exregidor, quien en noviembre de 2013 fue condenado por la Audiencia de Valladolid -el fallo fue ratificado un año después por el Supremo- a tres años de cárcel y 16 de inhabilitación con motivo del 'Caso Arroyo' de prevaricación urbanística, ha recibido el visto bueno de Instituciones Penitenciarias para terminar de cumplir su condena en Valladolid, cerca de su familia.

 

Méndez abandonará este viernes por la mañana el penal gallego, tras poco más de un año y un mes de que entrara en dicho centro el 8 de enero de 2015, y, acompañado de su familia, se trasladará en su propio vehículo a tierras vallisoletanas para cumplir con su obligación de cumplir el resto de la pena en el CIS 'Máximo Casado Carrera' sito en Santovenia, dependiente del Centro Penitenciario de Valladolid e inaugurado en febrero de 2011.

 

La novedad respecto de su anterior situación es que al disfrutar ya del tercer grado puede cumplir la condena en régimen abierto y, al tener trabajo fuera de prisión, tan sólo se ve obligado a pasar la noche en el CIS.

 

Fuentes próximas al exprimer edil han asegurado a Europa Press que éste se encuentra "animado", "contento" y "feliz" dispuesto a reanudar su vida y a emprender nuevos proyectos empresariales, a mayores del negocio que sigue explotando a través de su empresa 'Recreativos Dema' S.A.

 

Se da la circunstancia de que en la actualidad, el Juzgado de Instrucción número 3 tiene abiertas diligencias contra Méndez y su esposa en las que figuran en calidad de investigados y que trata de aclarar si ambos, tras el encarcelamiento de él, han evadido a Portugal y Suiza importantes sumas de dinero, presumiblemente ilícito y presuntamente relacionado con las operaciones urbanísticas de la constructora Mahía u otras promociones urbanísticas o comerciales que se perpetraron durante años en el término municipal de la localidad vallisoletana.

 

La instrucción, iniciada a instancia de la Agencia Tributaria, no sólo investiga un posible blanqueo de capitales sino también delitos fiscal y de cohecho.