El Congreso ratifica el compromiso de suprimir este año las tasas judiciales a personas físicas

Rafael Catalá y Mariano Rajoy

El Pleno del Congreso ha ratificado este jueves el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de suprimir las tasas judiciales para las personas físicas, pero precisando que la eliminación tendrá lugar este año.

El PP plasmó, en una de las propuestas de resolución del Debate sobre el estado de la Nación, el compromiso en esta materia que adquirió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el desarrollo del debate de política general.

El texto que se ha sometido a votación había incorporado una enmienda de UPyD, aceptada por los 'populares', en la que se precisaba que el compromiso de eliminar las tasas judiciales para los particulares debía hacerse efectivo antes del final de la legislatura.

De esta forma, la Cámara Baja ha instado al Gobierno a exonerar a las personas físicas del pago de tasas judiciales en todos los órdenes e instancias judiciales para facilitar el acceso de los ciudadanos a la Justicia y a hacerlo durante 2015.

NO SE CONCRETA CÓMO SE HARÁ

Ni Rajoy cuando lo anunció el martes en el Congreso ni el PP en su propuesta habían fijado plazos ni detallado si se hará mediante una ley del Gobierno o a través de una enmienda transaccional del PP a la Ley de Justicia Gratuita, que aún está en tramitación en la Cámara baja.

En la misma propuesta, que ha salido adelante, el partido del Gobierno propone reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificando las reglas de conexidad para evitar la dilación en las macrocausas y fijar plazos máximos de instrucción. También apuesta por agilizar la Justicia generalizando el uso de las nuevas tecnologías y modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Además, pide poner en marcha la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos e implementar las nuevas figuras de decomiso para asegurar la reparación de las víctimas, evitar que el delincuente se beneficie del delito y potenciar la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada transfronteriza.

Por último, propone seguir fomentando las medidas necesarias para proteger a las víctimas, especialmente las de violencia de género, tanto en la implementación del Estatuto de la Víctima como en la reforma del Código Penal y posteriores modificaciones legislativas.