El campo de Castilla y León plantea un nuevo modelo: agricultor activo y actividad agraria

Clemente ha incidido en que la definición de ambos conceptos es "largamente añorada" por Castilla y León y ha subrayado la importancia de acuñar dos términos, "clarificando y profundizando" los requisitos concretos.

El sector agrario de Castilla y León integrado por las organizaciones profesionales agrarias y el sector cooperativista, con la consejera del ramo a la cabeza, Silvia Clemente, ha sellado un acuerdo que plantea un nuevo concepto de agricultor activo y de actividad agraria que elevarán al Magrama a fin de lograr una distribución más justa y equitativa de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) entre quienes verdaderamente trabajan la tierra.

  

Si la reforma de la PAC (2014-2020) recoge como principal novedad la posibilidad de que los estados miembros definan ambos conceptos atendiendo a las particularidades de cada territorio, Castilla y León se ha marcado como principal objetivo lograr que la postura consensuada en dicha Comunidad sobre su concreción--se establecen requisitos muy concretos--sea elevada ahora al 'grupo de trabajo de alto nivel' constituido en el Magrama con el fin de convencer al resto de CC.AA. y, sobre todo, al ministro, Miguel Arias Cañete.

  

En este sentido, la consejera castellana y leonesa, Silvia Clemente, quien ha comparecido ante los medios tras la firma del acuerdo con los representantes de la Alianza UPA-COAG, Julio López; Asaja, Donaciano Dujo; UCCL, Jesús Manuel González Palacín, y Urcacyl, Gabriel Alonso, confía en "acercar" posturas con otras autonomías para que la defendida en Castilla y León sea finalmente aceptada de cara a la próxima Conferencia Sectorial, "en la que se cerrará todo el paquete de aplicación de la PAC en España".

  

Clemente ha incidido en que la definición de ambos conceptos es "largamente añorada" por Castilla y León y ha subrayado la importancia de acuñar dos términos, "clarificando y profundizando" los requisitos concretos, para que los perceptores de las ayudas de la PAC sean realmente quienes trabajan la tierra y viven de ella.

 

NO SE PIERDEN FONDOS

  

"Me felicito del acuerdo alcanzado que da fuerza a Castilla y León y que sitúa a ésta en una posición de fortaleza, máxime si se tiene en cuenta que el sector de ésta representa en el PIB el doble que la media nacional y cuatro veces del PIB europeo", ha declarado Clemente, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha matizado que la aceptación del concepto de agricultor activo y actividad agraria postulados por la región no se traducirán en merma alguna de la ficha financiera asignada a España y la Comunidad autónoma.

  

La Comisión Europea, en su propuesta de reglamento sobre el concepto de agricultor activo, realiza una propuesta en sentido negativo indicando a quien no se concederán los pagos directos.

  

Castilla y León considera que no se pueden seguir manteniendo como beneficiarios de ayudas de la PAC a aquellos cuyos únicos ingresos agrarios son los pagos directos de la PAC ya que, según entienden los firmantes del acuerdo, la actividad agraria conlleva para el agricultor la toma de determinaciones de naturaleza económica, asumiendo los riesgos de pérdidas o recogiendo los beneficios derivados de sus decisiones.

  

Por este motivo en la futura PAC, según el acuerdo firmado hoy, no se deberían conceder ayudas a aquellos agricultores y ganaderos que no acrediten un nivel de ingresos procedentes de la actividad agraria por la producción y cría de productos agrícolas y/o ganaderos en una cuantía al menos idéntica al importe que les corresponda en concepto de pagos directos.

  

Por lo que respecta a los requisitos legales relacionados con el ejercicio de la actividad agraria, la Junta y el sector entienden que se debe exigir el cumplimiento de la normativa básica estatal en materia tanto fiscal como de la Seguridad Social que corresponda.

  

En cuanto al concepto de actividad agraria, concretamente sobre tierras de cultivo, en el presente acuerdo se aboga por incluir requisitos relacionados con la alternancia de cultivos para evitar una declaración reiterada de la misma parcela y que no esté siendo cultivada o que esté en abandono. Esta circunstancia debe ir íntimamente ligada al cumplimiento de los requisitos del pago verde.

  

En relación con los pastos permanentes, el Gobierno autonómico y el sector contemplan que se asigne derechos de pago base sobre superficies de pastos a los beneficiarios que sean ganaderos titulares de una explotación ganadera en el REGA (Registro de Explotaciones Ganaderas). El titular debe disponer de una explotación ganadera con un número de animales proporcional a las superficies admisibles que debe mantener para obtener las ayudas.

  

Los representantes del sector firmantes del acuerdo han coincidido con la consejera al destacar la importancia del mismo y que, en palabras de Donaciano Dujo, presidente regional de Asaja, supone un "ejemplo de unidad para el resto de España e incluso dentro de Castilla y León por lo que respecta a otras consejerías", al tiempo que ha resumido el objetivo perseguido en la necesidad de "lograr una distribución mejor de las ayudas entre los agricultores y ganaderos activos y para conseguir una agricultura más profesional y más productivas".

  

En la misma línea, Jesús Manuel González Palacín, de UCCL, ha recordado que hasta ahora la normativa en la materia era muy "laxa" y ha destacado que la posibilidad que se abre ahora para una definición más acertada de agricultor activo y actividad agraria supone una gran oportunidad para Castilla y León.

  

"Las ayudas de la PAC representan el 30 por ciento de los ingresos de los agricultores y ganaderos. Nos jugamos mucho en esto y por ello estamos obligados a presionar al ministro para que ceda en su posición hasta ahora inflexible", ha advertido González Palacín.

  

Por su parte, Julio López, de la Alianza UPA-COAG, entiende que la redefinición de ambos conceptos es de gran importancia para evitar que reciban fondos públicos quienes no tienen derecho a ellos y, además, constituye también la oportunidad de "legitimar ante la sociedad las ayudas que se perciben vía PAC".