El Ayuntamiento insta a la Junta a construir un nuevo centro de Educación Especial en Covaresa

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha acordado por unanimidad instar a la Junta de Castilla y León a iniciar "cuanto antes" la construcción de un nuevo centro de Educación Especial en el barrio de Covaresa, mientras que se ha informado de que ya han comenzado las obras para reparar la rampa de acceso al colegio María de Molina, que atiende a alumnos con discapacidades.

El Salón de Plenos ha acogido este lunes la sesión correspondiente al mes de julio, en la que se han debatido seis mociones, de las que una era de carácter institucional para felicitar a la ciudad de León por el reconocimiento de la Unesco a las Cortes de 1188; mientras que en otras dos, referentes al centro de Educación Especial y al Plan Anticrisis, se ha logrado cierto grado de acuerdo.

  

Una propuesta del Grupo Socialista sobre el proyecto de centro de Educación Especial en Covaresa, cuyos trámites urbanísticos comenzaron en 2008, ha encontrado la unanimidad de la Corporación Municipal, hoy formada por 28 concejales ya que se ha aceptado la renuncia al puesto de concejal de Jesús García Galván, que en los próximos días será juzgado en el proceso del Caso Arroyo.

 

El alcalde, Francisco Javier León de la Riva, ha agradecido los servicios prestados y ha apuntado que ya se han iniciado los trámites para que en el próximo Pleno -la última semana del mes- tome posesión como edil 'popular' la trabajadora municipal Ángela Bachiller.

  

La moción del PSOE reclamaba también que se ejecuten las obras de reparación de la rampa de acceso al centro de Educación Especial ya existente en la ciudad y que se diera el traslado del acuerdo a la Junta y a las Cortes de Castilla y León. Sin embargo, ciertas discrepancias llevaron al equipo de Gobierno a plantear una enmienda de sustitución.

  

En este sentido, la concejal de Participación, Domi Fernández, ha anunciado que este mismo lunes se han comenzado las obras de esa pasarela ya que se ha esperado hasta la conclusión del curso escolar con el fin de que no interfirieran en la actividad del centro. Sin embargo, la edil de Izquierda Unida María Sánchez ha recordado que el asunto de la reparación ya se trató en febrero, cuando "no se dijo nada" porque el Ayuntamiento estaba "discutiendo con la Junta de quién es la competencia".

  

Mientras tanto, el portavoz socialista, Javier Izquierdo, ha considerado que, al presentarse la moción el pasado 8 de junio, ha tenido una influencia "clave" en que el Ayuntamiento agilizase el proceso para iniciar "rápido" las obras.

  

La otra discusión que ha centrado el debate ha sido que el equipo de Gobierno no consideraba necesario dar traslado del acuerdo también a las Cortes regionales, pues han mantenido que se trata de un asunto "no parlamentario". Finalmente, el primer edil ha hecho el "gesto" de enmendar 'in voce' la propia enmienda para incluir ese traslado, pero con la reclamación de que los procuradores del PSOE se encarguen de que el asunto también se debata en el Parlamento regional.

  

Anteriormente se debatió el proceso de elaboración del Plan Anticrisis, entre los abucheos y comentarios de miembros de la plataforma Parados en Movimiento que también estaban presentes en la tribuna. La concejal María Sánchez que ha defendido esta moción conjunta de PSOE e IU advirtió al equipo de Gobierno de que si no constituían este Plan como el "eje de lo que queda de mandato, estarán más alejados de la realidad".

  

No obstante, se aprobó unánimemente sólo el primer acuerdo de la moción, para "cumplir los compromisos adquiridos" con la asociación de desempleados el pasado mes de marzo. En este sentido, el concejal Manuel Sánchez ha explicado que los miembros tienen "a su disposición" el Centro de Difusión Tecnológica para cursos de formación, que se realiza un inventario de terrenos adecuados para crear huertos urbanos y que Auvasa intentará buscar una opción para que los desempleados sin ingresos puedan tener rebajas, algo que el alcalde ha calificado de "muy complicado".

  

Los otros dos acuerdos han sido reemplazados por una enmienda del PP para que se apruebe el establecimiento de un calendario de actuaciones que se debatirá en los Consejos de Administración y Asesor de la Agencia de Innovación, pero no con los grupos políticos; y la convocatoria de reuniones presenciales de estos órganos para realizar el seguimiento y estudiar sugerencias de Parados en Movimiento u otras organizaciones.

  

En cuanto a mociones que no han tenido el mismo resultado, se ha abordado la revisión del Plan General de Ordenación Urbana con una moción de Izquierda Unida que reclamaba la apertura de un debate sobre el proceso con la participación de los grupos políticos y los ciudadanos. La edil de Urbanismo, Cristina Vidal, ha justificado el rechazo de su grupo por que considera que ya se ha expuesto públicamente en condiciones adecuadas.

  

El portavoz de IU, Manuel Saravia, ha sido objeto de una fuerte crítica de Vidal por las cartas enviadas a 122 alegantes del avance de la revisión e incluso ha recalcado que el edil se "ha vulnerado el reglamento orgánico" y "no ha respetado a la Institución municipal" e incluso ha advertido de que "ha quebrado las normas", lo que puede tener "graves consecuencias". En cambio, Saravia ha defendido que su actuación fue correcta y que incluso algunos de los sugerentes han manifestado su agradecimiento.

  

Vidal y Saravia han protagonizado los momentos más polémicos de la sesión, ya que la primera también ha realizado constantes referencias a la revisión del PGOU aprobada en 1997 en cuyo texto trabajó el propio Saravia. Mientras tanto el edil de IU ha considerado que a la concejal "le preparan los plenos los técnicos de su departamento", pues uno de ellos había solicitado en el archivo los documentos del citado Plan.

  

En materia urbanística, también se trató la modificación puntual del colegio de las Jesuitinas, donde se quiere permitir un proyecto de hotel ante las críticas de PSOE e IU por lo que interpretan que es una tramitación centrada en beneficiar a los promotores. Cristina Vidal y León de la Riva han defendido este proceso por que aportará "plusvalías" de cerca de 3 millones de euros.