El Ayuntamiento de Valladolid firma un contrato de señalización a una empresa investigada

Paso de peatones en el centro de Valladolid. ELENA TEJEDOR

El contrato, divivido en dos lotes, se extiende hasta el año 2018 y tiene un valor de 1,5 millones de euros. 

PARA EL PP, "UN DESPROPÓSITO"

 

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha calificado de "despropósito" el proceso de adjudicación de la señalización vertical y horizontal de calles, que fue paralizado el pasado verano por el actual equipo de Gobierno, que finalmente ha formalizado el contrato con las dos mismas empresas, a las que se investiga por presunta relación de connivencia con un funcionario municipal.

 

Según han señalado fuentes del PP en un comunicado recogido por Europa Press, el tripartito "se ha visto obligado", por resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl), a adjudicar el contrato de señalización de las calles de la ciudad "al que había renunciado, a pesar de contar con una propuesta de adjudicación provisional de la mesa de contratación en el pasado mes de julio".

 

Para los 'populares', se trata de la culminación "a todo un despropósito plagado de irregularidades" que aseguran que además ha supuesto "sobrecostes" al Ayuntamiento.

 

Según el PP, "todas las razones aducidas por el Gobierno municipal" ante el Tarccyl fueron rechazadas, "incluso las relativa a las sospechas de connivencia de la empresa seleccionada con un funcionario municipal denunciada por un trabajador despedido, por no estar debidamente acreditadas".

 

Los concejales del PP observan "arbitrariedad" en la actuación del Gobierno municipal, y a ello suman un "sobre coste" pues calculan que, al renunciar al contrato general de señalización de las calles, el pasado verano se tuvieron que suscribir "hasta seis contratos más" para pintar calles que habían sido reasfaltadas y adquirir señales por un importe de 116.409,64 euros.

El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez, ha explicado este miércoles que se ha adjudicado los contratos de señalización horizontal y vertical a las empresas pertenecientes al grupo API, investigadas por trabajar presuntamente en connivencia presuntamente con el funcionario municipal que informaba el contrato durante los últimos años, debido a que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl) se ha pronunciado a favor de las empresas.

 

No obstante, ha matizado Vélez, el equipo de Gobierno mantiene abierta la vía judicial iniciada el pasado mes de enero cuando remitió la documentación sobre el contrato a la Fiscalía de Valladolid, que según el concejal socialista, ya ha dado traslado al Juzgado correspondiente.

 

La Junta de Gobierno celebrada este miércoles ha adjudicado el contrato de conservación, mantenimiento, reposición y nueva implantación de la señalización de tráfico en las vías públicas de la ciudad durante los años 2016, 2017 y 2018, dividido en dos lotes.

 

El lote 1, señalización vertical, se adjudica a la empresa Imesapi, en tanto que el segundo lote, relativo a la señalización horizontal, se adjudica a la mercantil API Movilidad. El gasto total del contrato suma 1.500.000 euros (IVA incluido).

 

Se trata de las dos empresas, pertenecientes al mismo grupo empresarial, a las que estaba previsto adjudicar los contratos cuando se produjo el cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid. Sin embargo, como explicó en su momento el alcalde, Óscar Puente, se decidió frenar la adjudicación al llegar informaciones de que un particular iba a presentar denuncia sobre la presunta relación de connivencia de las empresas con el funcionario municipal que informaba los contratos.

 

Las empresas recurrieron la decisión al Tarccyl que, según ha explicado Luis Vélez, ha concluido que no hay causa "suficientemente justificada" para anular la adjudicación. Aunque el edil ha apuntado que el dictamen "no es vinculante", el equipo de Gobierno ha decidido adjudicar los contratos a las dos empresas "para no crear otro posible problema" judicial.

 

Sin embargo, ha señalado que el asunto está en los tribunales, ya que en su momento se dio traslado a Fiscalía. Además, ha recordado que se abrió un expediente disciplinario al funcionario que se suspendió para dar traslado del mismo a la Fiscalía, según decisión adoptada por la Concejalía de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica, ante los indicios "fundados" de criminalidad.

 

El citado funcionario, según explicó el alcalde en su día se encontraba de baja "por razones psicológicas".