El Ayuntamiento de Íscar, obligado a repetir un concurso público de socorristas por adjudicarlo 'a dedo'

Ayuntamiento de Íscar. TRIBUNA

Así lo ha decidido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Valladolid, quien advierte de la ausencia de anonimato en los exámenes de la fase de oposición ante la denuncia de uno de los participantes.

El Ayuntamiento de Íscar, en Valladolid, deberá volver a convocar un concurso-oposición para la provisión de tres plazas de socorristas como personal laboral temporal, después de que la reclamación de uno de los aspirantes haya sido estimada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid ante las dudas surgidas respecto de que las mismas fueran adjudicadas 'a dedo', según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

Aunque el aspirante perjudicado reclamó inicialmente en vía administrativa para que el proceso fuera revisado o anulado, el entonces alcalde de la localidad, el 'popular' Alejandro García Sanz, denegó tal petición por decreto de 31 de enero de 2014, con lo que el recurrente se vio obligado a trasladar su reclamación a la vía de lo contencioso-administrativo, la misma que ahora le da la razón y le abre la posibilidad de optar de nuevo a una de esas plazas.

 

Así, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la capital vallisoletana ha resuelto anular la resolución recurrida y obliga ahora al Ayuntamiento de Íscar a repetir los ejercicios del procedimiento de selección, con expresa imposición de costas a la administración demandada, tras constatar que el proceso seguido vulneró la garantía de la igualdad en el acceso a la función pública y de la imparcialidad y objetividad.

 

Y es que, como así alegó en su momento el demandante y su letrada, Carmen Hedrosa, el tribunal sentenciador ha podido comprobar que en todos y cada uno de los exámenes constaban el nombre, apellidos, NIF y número de teléfono de los aspirantes a cubrir las plazas, con lo que el proceso selectivo quedó viciado en sí mismo.

 

"En efecto, el anonimato es un aspecto fundamental e inherente a las exigencias de objetividad e imparcialidad en este tipo de pruebas", advierte el juzgado, que añade que el tribunal calificador, "en lugar de adoptar las medidas necesarias para asegurar ese anonimato, favoreció que los aspirantes pudieran ser identificados", de ahí que considere razonable la "desconfianza" de los no seleccionados respecto de la posibilidad de que las plazas pudieran haber sido adjudicadas 'a dedo'.