El amargo adiós a la política de Jesús García Galván

Durante la mañana de este lunes ha dimitido de todos sus cargos públicos además de presentar su renuncia como militante del Partido Popular. El 9 de julio se sentará en el banquillo por el "caso Arroyo".

Jesús García Galván ha dejado de pertenecer este lunes a la clase política. Durante la mañana ha presentado su renuncia a sus actas de diputado en la Diputación Provincial, donde además era portavoz del Grupo Popular, así como del Ayuntamiento de Valladolid. También ha formulado la renuncia a su condición de militante del Partido Popular. 

 

Ha cumplido con lo que dijo desde el principio en relación a su imputación con el denominado "caso Arroyo", cuyo juicio comienza el próximo día 9 de julio. "Si soy imputado dimitiré de todas mis responsabilidades políticas", aseguró y así lo ha hecho efectivo este lunes.

 

Con el paréntesis de su condición de Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, García Galván es concejal del Ayuntamiento de Valladolid desde 1991. Tres años después llegó a la Diputación Provincial como responsable de gabinete del entonces presidente Ramiro Ruiz Medrano, cargo en el que se mantuvo hasta 2001. Regresó a ambas instituciones al terminar su periodo como delegado de la Junta, tiempo en el que se cometieron los hechos que ahora se juzgan.

 

Su puesto como portavoz popular lo asumirá Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco y diputado de Cultura e Igualdad de Oportunidades. Su acta de diputado será relevado por el alcalde de Viana de Cega, Alberto Collantes. En el Ayuntamiento será suplido por Ángela Bachiller, que será la primera concejal con síndrome de Down de España. 

 

EL CASO ARROYO

 

La Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo de los acusados a partir del 9 de julio al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, así como a Jesús García Galván, y a otros cuatro imputados más sobre supuesta corrupción urbanística.

 

El Ministerio Fiscal solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas por un total de más de 2,1 millones de euros para los seis imputados. En el caso de García Galván, el Ministerio Público interesa para él dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos.

 

En mayo de 2012, García Galván se dirigió por carta al presidente provincial del PP, Ramiro Ruiz Medrano, para comunicar su intención de dimitir si finalmente se celebraba juicio oral contra él por este caso y renunciaría a sus cargos de representación pública institucional.