El alcalde tiene cinco días para alegar contra la petición de imputación en el 'Caso PGOU'

La Audiencia de Valladolid ha rechazado además la solicitud de celebrar un vista pública para resolver los recursos de apelación.

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva; el concejal de Seguridad y Movilidad, Manuel Sánchez, y el empresario Ramón Herrero Merino cuentan con cinco días de plazo, si así lo estimaran oportuno, para presentar alegaciones a los recursos de apelación que tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, interpusieron ante la Audiencia Provincial para lograr su imputación en el denominado 'Caso PGOU' de presuntas irregularidades.

 

Así lo ha acordado, a través de una providencia, la Sección Segunda de lo Penal que preside Feliciano Trebolle, cuya sala se ha percatado de que los aludidos, al no haberse personado aún en las diligencias del Juzgado de Instrucción número 1, no han tenido acceso a los recursos de apelación que las dos acusaciones, la pública y la popular, presentaron contra el auto de su titular, José María Crespo, para lograr la inclusión de los tres en la lista de doce personas físicas y cuatro empresas imputadas hasta el momento.

 

Por ello, los representantes legales de los tres, que en su momento declararon en calidad de imputados, cuentan con un plazo de cinco días a fin de que puedan realizar sus alegaciones contra los dos recursos de apelación de las partes acusadoras, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

Pero además, en la misma providencia la Audiencia Provincial ha rechazado la petición para que la resolución de los recursos de apelación de los imputados y de las dos acusaciones se sustancie mediante la celebración de una vista oral pública, con lo que finalmente el tribunal resolverá por escrito tras el análisis oportuno que se ha encomendado, en calidad de ponente, al magistrado Miguel Ángel de la Torre Aparicio.

 

FISCALÍA, FUERA DE PLAZO

 

Éste, con la ayuda del resto de la sala, deberá por tanto decidir si mantiene o no la imputación de los ya incluidos en el auto inicial del juez instructor y si suma a la lista los nombres de los tres citados, aunque también la acusación popular ha solicitado la toma de declaración en calidad de imputadas de otra docena de personas.

 

Lo que no tendrá que resolver la Audiencia Provincial será el escrito de oposición de la Fiscalía vallisoletana a los recursos de apelación de los imputados, ya que, tal y como informaron a Europa Press, el documento tenía que haber sido presentado antes del día 22 de noviembre y fue registrado el día 27, con lo que el juez instructor, José María Crespo, rechazó su admisión.

 

Todo apunta a que la resolución de los recursos de apelación no se producirá hasta bien entrado 2014, ya que la Audiencia de Valladolid deberá estudiar 7.750 folios y numerosas grabaciones de declaraciones.

 

En el auto de imputación del Juzgado de Instrucción número 1, que se ha mantenido invariable hasta la fecha, el juez excluyó al alcalde de Valladolid y en cambio dirigió la causa contra doce personas físicas y cuatro empresas.

 

En concreto, responsabilizó de las alteraciones detectadas en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid al exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca; al secretario municipal, Valentín Merino Estrada; al arquitecto Luis Álvarez Aller; al exjefe de Área de Urbanismo, Modesto Mezquita; a José Luis Cerezo, exjefe de este servicio; a los hermanos José Luis y Eduardo González Torres y a José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), los tres socios de Grupo Capitol; Antonio Pastrana y José Ángel Astorga, socios de Parkosa; así como a José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica municipal y al todavía letrado municipal, Luis Ángel Lavín Deza.

 

Junto a ellos, figuraban también como imputadas cuatro empresas: Capitol Promociones, Parkosa, Vallenaba Capitol y Progot.

 

A los imputados se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios, todo ello por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.