El alcalde de Valladolid, excluido del caso del Plan General de Ordenación Urbana

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, da explicaciones sobre su exclusión del caso del PGOU. BORIS GARCÍA

La Audiencia de Valladolid ha decidido por unanimidad dejar fuera de la lista de imputados a Javier León de la Riva, que asegura que “siempre mostró su confianza en la Justicia”. El concejal Manuel Sánchez también se encuentra en la lista de excluidos.

La Audiencia de Valladolid ha resuelto mantener finalmente al alcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva, fuera de la lista de personas imputadas por el caso de irregularidades detectadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tal y como había acordado el titular del Juzgado de Instrucción número 1, José María Crespo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

La resolución de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia vallisoletana, presidida por Feliciano Trebolle, deja fuera del procedimiento al alcalde y al concejal Manuel Sánchez pese al criterio en contra de la Fiscalía y la acusación popular, saca de la lista de imputados al secretario municipal, Valentín Merino Estrada, a José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, y a Luis Ángel Lavín Deza, actual letrado municipal, mientras que incluye en el listado de personas imputadas a Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, que ya prestó declaración por estos hechos como imputado a lo largo de la instrucción.

 

A su vez, la Audiencia Provincial acuerda que se tome declaración como imputados a Gonzalo Jolín, vinculado éste a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Pilar Asunción López Mazariegos y Francisco Capellán Bernardo, ambos relacionados con una operación en Arca Real, y Lino Collazos del Castillo, con motivo de una actuación urbanística en la calle José María Lacort.

 

En el caso de estos cuatro últimos, su declaración como imputados había sido solicitada por la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, con lo que ahora el juez instructor deberá interrogarlos antes de determinar si acuerda dictar o no contra ellos auto de imputación o bien decide sobreseer su caso.

 

También deberá interrogar, aunque como testigo, a María del Mar Devesa, trabajadora de Inzamc, la empresa con la que el Ayuntamiento de Valladolid tenía contratada una parte la elaboración del PGOU. Su interrogatorio había sido pedido por el letrado del arquitecto municipal imputado, Luis Álvarez Aller.

 

El citado tribunal resuelve de esta forma los recursos de apelación interpuestos por todas las partes personadas en la causa, que, a excepción del letrado de José Luis Mayordomo, socio del Grupo Capitol, habían solicitado de forma unánime la nulidad del auto de imputación -ha sido desestimada-, aunque de forma subsidiaria tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pretendían la inclusión en la lista de imputados del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, y del concejal Manuel Sánchez, junto con el empresario Ramón Herrero Merino, de Área Especial S.L, pretensión que tan sólo han logrado en el caso de este último.

 

NO ACREDITADA LA PARTICIPACIÓN DEL ALCALDE

 

Por lo que respecta al alcalde, la Sala entiende que su condición de regidor y actuacióncomo tal en los diversos órganos del ayuntamiento para inferir su participación voluntaria en los presuntos delitos investigados, "siendo preciso que consten hechos de los que quepa apreciar en aquel algún tipo de intervención o cooperación en la realización de las alteraciones del PGOU, con conocimiento de ello y/o que colaborase también de forma intencional en decisiones urbanísticas derivadas de aquella manipulación en contra del ordenamiento jurídico, de lo cual no se ofrecen suficientes indicios en las presentes actuaciones".

 

Así, se recuerda que era el concejal de Urbanismo, con funciones delegadas, y los técnicos de mayor rango en dicho Área, todos ellos imputados, los que manejaban y controlaban estas cuestiones tan específicas y no exentas de complejidad como las de urbanismo.

 

En lo concerniente a Manuel Sánchez, que tampoco ha sido incluido entre los imputados, se razona que accedió a la Concejalía de Urbanismo en 2007, con lo que se encontró con las manipulaciones ya realizadas y los expedientes urbanísticos sobre las fincas investigadas avanzados.

 

"Su actuación en los expedientes, a partir de entrar en el cargo de Concejal de Urbanismo, se basa en los informes que se le aportan por los técnicos de dicho Área, sin que concurran elementos que permitan constatar que tuviera conocimiento claro o preciso de esas alteraciones y el alcance de las mismas", añade el auto.

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