El alcalde de Arroyo dimite tras la sentencia firme del Tribunal Supremo

El presidente de Arroyo, José Manuel Méndez, en el centro de la imagen. BORIS GARCÍA

El Tribunal condena a José Manuel Méndez a tres años de cárcel por prevaricación y cohecho, mientras que ratifica las penas al presidente de Mahía y al arquitecto municipal y la absolución de Jesús García Galván.

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena al alcalde Arroyo de la Encomienda, el independiente José Manuel Méndez, por delitos de cohecho y prevaricación por el denominado 'Caso Arroyo', a la vez que ha confirmado la absolución de todos sus cargos del exdelegado de la Junta y exedil y exdiputado del PP, Jesús García Galván, quien en la primera sentencia quedó excluido al advertir el tribunal que cometió un cohecho, aunque ya prescrito, al recibir un chalé gratis en Mugardos (La Coruña), según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

De esta manera, y según ha podido saber Tribuna de Valladolid, Méndez presentará su dimisión como alcalde del municipio vallisoletano en cuanto tenga conocimiento oficial de la sentencia, ya que hasta el momento dice solo haber sido informado por los medios. Una decisión que ya había premeditado antes de tener conocimiento de la decisión tomada por el TSJ.

 

De hecho, deberá ingresar en prisión de forma voluntaria en un plazo de diez días a partir de que la Audiencia vallisoletana reciba la ratificación de la sentencia. El plazo para el ingreso voluntario en un penal, el que elija el propio Méndez, empezará a correr desde el mismo día en que el tribunal sentenciador que le condenó en primera instancia reciba la notificación oficial del Tribunal Supremo.

 

En caso de no hacerlo, será la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, que preside Feliciano Trebolle, la que dará orden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a fin de que detengan al condenado y le conduzcan hasta el Centro Penitenciario de Valladolid, tal y como pudo saber Europa Press en fuentes jurídicas.

 

El fallo de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal confirma así en todos sus términos la sentencia dictada a finales de noviembre de 2013 por la Audiencia de Valladollid, que consideró al regidor responsable de un delito de cohecho y otro de prevaricación y resolvió imponerle tres años de cárcel, dieciséis de inhabilitación para empleo o cargo público y el pago de una multa de 132.000 euros, al tiempo que decretó el decomiso de la casa de Villagarcía de Arosa, tasada en 87.400 euros, que obtuvo gratuitamente del grupo gallego Mahía por facilitar su expansión en el municipio.

 

La sentencia ahora ratificada, que desestima los recursos de los condenados y de las acusaciones para incrementar las penas, condenó a Méndez por vulnerar la legalidad de forma "patente, relevante y clamorosa" al dar luz verde en 2005 al Estudio de Detalle presentado por Mahía respecto del Sau-13 de Arroyo con el fin de permitir a la mercantil edificar allí, así como por recibir de esta empresa, de forma gratuita por sus servicios, una vivienda en Villagarcía de Arosa y 30 millones de las antiguas pesetas destinados a corromperle, aunque le absolvió de la percepción de este último importe por prescripción del delito.

 

Además de la condena al regidor, que fue absuelto de otros dos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación de los que venía siendo acusado, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid impuso al presidente de Mahía, Ramón López Casal, tres años de cárcel, multa de 132.000 euros y siete de inhabilitación por un delito de prevaricación, en calidad de inductor, y otro de cohecho, pero le absolvió de otro de prevaricación y de dos más de cohecho.

 

Entre los condenados figuraba igualmente el arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde Salazar, cooperador necesario de un delito de prevaricación saldado con siete años de inhabilitación -fue absuelto de otro delito de idéntica naturaleza-, mientras que quedaron libres de todos los cargos el exdelegado de la Junta y exedil y diputado del PP, Jesús García Galván; el también socio de Mahía, José Presas Zobra, y la apoderada de dicha mercantil en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández.

 

De entre los absueltos, el tribunal sentenciador especificaba con respecto a García Galván que le absolvía del delito de prevaricación al no apreciar conducta delictiva alguna, con la particularidad de que la absolución del delito de cohecho activo obedecía a la prescripción del mismo, pese a sí considerar probado que Mahía pagó en abril de 2004 sus servicios con un chalé en Mugardos (La Coruña) valorado en 148.000 euros.

 

PETICIÓN GLOBAL DE 34 AÑOS DE CÁRCEL

 

El fiscal y la acusación popular, ejercida por la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, habían solicitado para el regidor de Arroyo, José Manuel Méndez, un total de diez años de cárcel, inhabilitación por veintisiete años y multa de 316.720 euros por dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación, mientras que Jesús García Galván, por delitos de cohecho y prevaricación urbanística, estaba expuesto a una condena de tres años, dieciocho de inhabilitación y multa de 316.720 euros.

 

Además, para el arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, habían pedido dos años de prisión y veintisiete años de inhabilitación y para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multa, así como inhabilitación durante nueve años.

 

La sentencia otorgaba al alcalde independiente de la localidad, procedente de Galicia y en la etapa investigada bajo las siglas del PP, un papel primordial en la trama montada, en el sentido de que las relaciones que éste mantenía con Ramón López Casal antes de recalar en Arroyo habrían sido aprovechadas por los dos para sacar rédito de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas por Mahía en el municipio a partir de 1999, primero cuando Méndez ocupaba la Concejalía de Deportes y Medio Ambiente y, sobre todo, a raíz de su posterior acceso a la Alcaldía.

 

A lo largo del juicio se analizaron, entre otras cuestiones, un supuesto préstamo de 30 millones de las antiguas pesetas -en realidad un regalo- concedido por Mahía al alcalde de Arroyo, así como una vivienda, gratuitamente, en Villagarcía de Arosa (Pontevedra) tasada en 87.400 euros, además del regalo realizado por el regidor, sin expediente alguno, de unos columpios usados, tasados en 2.000 euros y propiedad municipal, al Ayuntamiento de As Nogais, su lugar de procedencia y donde fue concejal por el Bloque Nacionalista Galego, aunque la Audiencia Provincial no consideró delictivo este último hecho.

 

En cuanto al que fuera en aquella época delegado territorial de la Junta y presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, quien días antes del juicio dimitió de sus cargos de portavoz del PP en la Diputación y de concejal en el Ayuntamiento de la capital, los acusadores le imputaban haber recibido un regalo en forma de chalé, concedido por Mahía, en el municipio gallego de Mugardos (La Coruña), de 196 metros cuadrados y valorado en 148.000 euros, por gestiones realizadas en favor de la empresa respecto de distintas operaciones urbanísticas.

 

UN EXSOCIO DE MAHÍA, PRINCIPAL PRUEBA DE CARGO

 

El proceso judicial tuvo como principal prueba de cargo de las acusaciones el testimonio aportado por el que fue socio fundador de Mahía en 1989 Manuel Gómez Maroñas, quien aseguró que el alcalde José Manuel Méndez percibió "cantidades salvajes" de mordidas de la promotora gallega por los favores prestados a ésta en su expansión urbanística por el municipio y otros de Castilla y León.

 

Con un discurso absolutamente hostil a los intereses de las defensas, fundamentalmente del primer edil y del presidente de Mahía, Ramón López Casal, amigo desde la infancia del declarante pero hoy enfrentados ambos por cuestiones de índole económico, Gómez Maroñas llegó a sentenciar que Mahía no consideraba a Méndez alcalde sino "uno de sus mejores colaboradores y lanzadera" de sus negocios de promoción urbanística en Arroyo de la Encomienda y la provincia de Salamanca.

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