El administrador de Soincom pacta 6 años tras confesar que giró facturas falsas al presidente de Parqueolid

El acuerdo se ciñe sólo a uno de los tres procesos en los que figura encausado junto al responsable de la promotora vallisoletana.

 

 

El administrador de Soincom Ingeniería S.L, José Manuel Castro Piedrafita, ha llegado a un acuerdo con el fiscal y la Abogacía del Estado para asumir una condena global de seis años de prisión tras reconocer que en 2005 y 2006 giró facturas falsas al máximo responsable de Parqueolid Promociones S.A, Luis María García Clérigo, al objeto de que éste pudiera defraudar al fisco cantidades millonarias en concepto del Impuesto de Sociedades de esos años y del Impuesto sobre el Valor Añadido.

 

Se da la circunstancia de que el presente pacto alcanzando con las acusaciones pública y particular se circunscribe tan sólo a uno de los tres procedimientos en los que Castro Piedrafita y García Clérigo se encuentran imputados por hechos similares, de ahí que las condenas para el primero y el segundo, que se declara inocente y que en este proceso se expone a doce años, podrían incrementarse considerablemente.

 

El juicio por esta causa -procedimiento abreviado 153/14- se celebrará entre los días 22 y 24 de junio en el Juzgado de lo Penal 4, donde ambos compartirán banquillo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

Aunque Castro Piedrafita acepta ya seis años de cárcel, multas por importe de 3.798.448 euros y el abono conjunto y solidario, junto con su compañero de banquillo, de indemnizaciones a la Hacienda Pública de 4.792.249 euros, como autor de cuatro delitos de falsedad en documento mercantil y cooperador necesario en otros tantos delitos fiscales, su testimonio en el juicio será utilizado por las acusaciones como principal prueba incriminatoria contra el máximo responsable de Parqueolid Promociones S.A, a quien se piden penas que suman doce años de prisión, multas por 14.376.747 euros y el pago con el anterior de las citadas responsabilidades civiles.

 

 

El denominador común de los tres procesos seguidos en los Juzgados de Instrucción 3, 2 y 6, siempre según la tesis de los acusadores, sería el mismo: la intención de Luis María García Clérigo de defraudar al fisco a través de tres sociedades donde ocupa el cargo de administrador, como la citada Parqueolid, Urban Proyecta PM3 S.L. y Hotel San Pablo Valladolid S.L.

 

Para ello tendría siempre la supuesta colaboración del empresario José Manuel Castro Piedrafita, administrador de Soincom Ingeniería S.L,  que sería el encargado de girar al anterior facturas de elevados importes por servicios nunca prestados y con el único propósito de repercutirlos en la declaración del Impuesto de Sociedades a los efectos de la desgravación correspondiente.

 

Si bien los dos figuran encartados en las tres causas judiciales abiertas, otros dos empresarios, Germán José Martín Giraldo, vinculado, al igual que García Clérigo, a Parqueolid y Urban Proyecta, y Fernando Mínguez Beltrán, administrador mancomunado, junto a los dos anteriores, de la sociedad Hotel San Pablo Valladolid, se encuentran imputados en dos y uno de los citados procedimientos, respectivamente, también como autores de un delito de fraude a la Hacienda Pública y como cooperadores necesarios de otro de falsedad documental.

 

Uno de los tres procedimientos abiertos, instruido por el Juzgado número 6, tiene como protagonistas exclusivos a Luis María García Clérigo y al administrador de Soincom Ingeniería S.L, José Manuel Castro Piedrafita, quienes en 2006, según entiende probado el fiscal, se habrían concertado para que el segundo de ellos emitiera contra Parqueolid Promociones S.A. una factura por importe de 715.865 euros por supuestos trabajos de gestión y asesoramiento en una operación inmobiliaria que la citada promotora, con sede social en el número 3 de la Plaza de Madrid, cerró en la localidad de Villanubla.

 

Gracias al supuesto ardid, el presidente de Parqueolid incluyó dicha factura en su declaración del Impuesto de Sociedades de ese año, lo que se tradujo en que Hacienda dejó de ingresar un total de 223.535 euros como consecuencia de la deducción fiscal indebida.

 

Otra operación de similares características es la que habrían fraguado ese mismo años ambos empresarios entre Soincom y Urban Proyecta MP3 S.L, de la que figuran como administradores solidarios Luis María García Clérigo y Germán José Martín Giraldo, este último compañero de banquillo de los dos anteriores en una segunda causa investigada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid y que se habría traducido en una defraudación a la Agencia Tributaria de 244.187 euros.

 

En esta ocasión, los responsables de Urban Proyecta incluyeron en la declaración del Impuesto de Sociedades de la mercantil de 2006, en concepto de gastos, dos facturas emitidas por Soincom por importe global de 700.000 euros que, según Fiscalía, no respondían a una prestación real de servicios por parte de la segunda de ambas empresas, pese a que los imputados justificaran los mismos en gestiones inmobiliarias de Castro Piedrafita en Portillo y el asesoramiento de éste en la compra de una sociedad en Bruselas.

 

HOTEL SAN PABLO VALLADOLID

 

El tercer procedimiento, seguido en Instrucción 2, es el que volverá a poner en el disparadero a la sociedad Hotel San Pablo Valladolid S.L, propietaria del solar ocupado por el antiguo Colegio de El Salvador y que en los últimos años han venido realizando gestiones, de forma infructuosa, para reconvertir el centro educativo en un hotel de cinco estrellas, proyecto rechazado en 2009 por el Ayuntamiento, más tarde en sede del ansiado Campus de la Justicia, también desechado ante las pretensiones económicas de la propiedad -reclamaba 30 millones y el Ministerio ofrecía 13-, y finalmente en centro de apartamentos tutelados para mayores.

 

De la referida sociedad, cuyo objeto social incluía actividades de construcción e intermediación inmobiliaria, pasaron a forma parte en mayo de 2006, en calidad de administradores mancomunados, los ya citados Luis María García Clérigo, Germán José Martín Giraldo y un último imputado, Fernando Mínguez Beltrán.

 

Éstos se habrían puesto de acuerdo con el titular de Soincom, José Manuel Castro Piedrafita, a fin de que éste, como en los dos casos anteriores, emitiera una factura, esta vez por importe de casi 2.700.000 euros por servicios ficticios con el único objeto de desgravación impositiva, con lo que el erario público dejó de ingresar un total de 430.098 euros que ahora se reclama, de forma conjunta y solidaria, a los cuatro procesados.