…y Puente defiende que se hizo por vía de emergencia para evitar accidentes y atropellos

Óscar Puente y Manuel Saravia, encargados a día de hoy de defender el posible soterramiento de Valladolid. TRIBUNA

Algunos informes municipales exigían que se señalizaran cuanto antes las nuevas calles asfaltadas para evitar situaciones de peligro entre viandantes y conductores.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha comparecido en rueda de prensa, junto al teniente de alcalde, Manuel Saravia, con un doble motivo: contestar las críticas vertidas por el Partido Popular quien les acusa de adjudicar ilegalmente un contrato de señalización y ya de paso destapar un posible caso de cohecho en un funcionario municipal, quien supuestamente favorecía a la empresa adjudicataria a cambio de regalos.

 

Óscar Puente ha explicado que a pesar de paralizar la adjudicación del contrato de señalización por valor de 800.000 euros a la empresa API, tuvieron que adjudicar un contrato menor por valor de 34.000 euros a la misma empresa para que señalizara las calles recién asfaltadas y que suponían un peligro para conductores y viandantes, según varios informes municipales.

 

Puente ha justificado que se ofreció a esta empresa, porque aún desconocían la denuncia realizada por un ex trabajador en la que relaciona que un funcionario municipal recibió regalos de este grupo empresarial, y porque los técnicos municipales aconsejaron que la señalización se hiciera lo más rápido posible.

 

Puente ha preguntado al PP “qué hubiera hecho ellos en nuestro lugar” cuando dos informes municipales, fechados al 20 de agosto y el 1 de septiembre, urgían a señalizar las calles ante el peligro de accidentes y atropellos. “Los informes técnicos daban tres posibilidades: cierre de las calles afectadas, adjudicación del contrato a esta empresa o contratación con procedimiento de emergencia para la señalización de las calles asfaltas. Nosotros optamos por la tercera”, dice Puente quien optaron por la misma empresa, por “rapidez y capacidad técnica”, con un contrato de 34.000 euros, del que el PP dice que hay un sobrecoste de 8.600 euros.