Denuncian la reducción de plantilla en juzgados de guardia de Valladolid y que se dejen de pagar guardias

La Junta de Personal de los juzgados de Valladolid ha asegurado que el Ministerio de Justicia ha reducido la plantilla de los juzgados de Instrucción en servicio de guardia y ha dejado de pagar algunas guardias.

La Junta de Personal de los juzgados de Valladolid ha asegurado que el Ministerio de Justicia ha reducido la plantilla de los juzgados de Instrucción en servicio de guardia y ha dejado de pagar algunas guardias.

  

La Junta, en un comunicado remitido por Comisiones Obreras y recogido por Europa Press, ha asegurado que una Instrucción de la Subdirección General de Recursos Económicos del Ministerio de de Justicia recibida por la Gerencia Territorial de Valladolid el 22 de noviembre de 2013 ha interpretado de forma restrictiva la normativa de la plantilla en funciones de guardia de los juzgados de instrucción de Valladolid y ha devuelto las certificaciones que habían efectuado los secretarios judiciales y ha restringido el pago de las mismas a todos los juzgados.

  

La aplicación de esta medida, notificada a los juzgados por parte de la Gerencia en el mes de diciembre y enero, supone que se empiece a acumular "un considerable retraso" en los asuntos penales y en su registro, al impedir que se incorpore toda la plantilla a la Guardia, además del consiguiente "malestar" entre los funcionarios, "alarma" entre los secretarios y jueces y también entre los propios abogados, quienes consideran que los motivos presupuestarios no deben estar por encima de este servicio público tan "delicado".

  

La normativa de funcionamiento de los Juzgados de Guardia, establecido en el Acuerdo del CGPJ 1/2005 y en la Orden PRE 1417/2003, entre otras, establece la posibilidad de incorporar toda la plantilla de un juzgado de Instrucción en funciones de guardia semanal cuando la naturaleza de las actuaciones así lo aconsejan.

  

En el caso de Valladolid, con más de 9.000 asuntos semanales que entran durante la guardia, unido a la nueva función de registro de los asuntos penales durante la guardia con la nueva aplicación de la Oficina de Registro y Reparto Penal de junio de 2013, y no en el Decanato como ocurría hasta entonces y ocurre en el resto de órdenes jurisdiccionales, obligó hace unos años a la necesidad de incorporar toda la plantilla a la guardia (tres gestores, cinco tramitadores y dos auxilio, además del propio juez y secretario).

  

"Así lo venían certificando los secretarios durante los tres últimos años y el Ministerio lo abonaba", ha indicado la Junta de Personal, que ha recordado que el último juzgado de Instrucción creado en Valladolid, el número 6, entró en funcionamiento hace más de ocho años, a pesar de la insistencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de la necesidad de la creación de un nuevo Juzgado de Instrucción para Valladolid.

 

GUARDIAS SIN ABONAR

 

Esta interpretación "restrictiva" por "razones presupuestarias" y "justificándolo de forma extraordinaria y unilateral por parte del Ministerio", ha llevado a abonar las guardias en los cuatro últimos meses sólo a un funcionario de gestión, dos de tramitación y uno de auxilio (el juez y secretario siguen igual), han explicado las mismas fuentes.

  

A este respecto, han señalado que tanto la Junta de Personal y CCOO remitieron escritos al Ministerio solicitando al mismo la reconsideración de dicha Instrucción. Del mismo modo, los funcionarios afectados han elaborando escritos de firmas de queja.

  

En este sentido, también el juez decano a través de un acuerdo y el secretario coordinador provincial a través de un exhaustivo informe han comunicado al Ministerio que es "absolutamente necesario" seguir con la plantilla completa de la guardia, dadas las características de una población como Valladolid con mas de 450.000 habitantes (el partido judicial), con una litigiosidad que no cesa en este ámbito, con nuevos requisitos de registro de asuntos.

  

Además, han incidido en que no sólo entran asuntos penales estrictamente dichos (por delitos o faltas), sino presentaciones apud-acta para otros juzgados de este país, registros domiciliarios, requisitorias, asuntos urgentes, diligencias indeterminadas, partes de lesiones, etcétera.

  

"La falta de respuesta ministerial ha provocado un creciente malestar de la plantillas de estos juzgados que ha obligado a ceñirse escrupulosamente a cumplir con las funciones establecidas por ley, pero no más allá, con lo que el servicio público no va a funcionar con la misma diligencia, eficacia y celeridad que lo hacía hasta ahora", han agregado.