Condenan al dueño de Rialcat a 3 años de cárcel tras huir con 1,4 millones de deudas

Deberá hacer frente a las deudas reclamadas por una quincena de empresas por importe de casi 1,4 millones de euros y a las costas del juicio, incluidas las de las acusaciones particulares.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a tres años de prisión por estafa continuada al que fuera administrador único de la empresa constructora Rialcat S.L, con sede social en Tordesillas (Valladolid), Ricardo A.C, fugado en el verano de 2008 a Fuerteventura tras dejar una deuda a una quincena de empresas de casi 1,4 millones de euros.

  

La sentencia responde al acuerdo al que han llegado las partes tras dos horas y media de negociación en la Audiencia de Valladolid, donde estaba señalado el juicio contra el responsable de la sociedad, para el que el fiscal solicitaba cuatro años.

  

Tras la conformidad a la que han llegado las partes, el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Feliciano Trebolle, ha leído la sentencia, aceptada por el acusado y que cobra firmeza, en la que se condena a Ricardo A.C, bajo la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a una pena de tres años de prisión por un delito continuado de estafa y a una multa de 840 euros.

  

Asimismo, deberá hacer frente a las deudas reclamadas por una quincena de empresas por importe de casi 1,4 millones de euros y a las costas del juicio, incluidas las de las acusaciones particulares.

  

El Ministerio Fiscal solicitaba para él una pena de cuatro años de prisión, multa de 2.160 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de indemnizaciones a las empresas perjudicadas. Las acusaciones particulares, por su parte, elevaban la petición de cárcel a cinco años.

 

CASI SEIS AÑOS EN LOS JUZGADOS

  

El procesado compareció en septiembre de 2009 ante el juez de Instrucción número 2 de Valladolid, encargado del caso, y prestó por vez primera declaración en la capital del Pisuerga, ya que hasta esa fecha sólo lo había hecho en el Juzgado de Instrucción 2 de los de Puerto del Rosario (Fuerteventura), precisamente después de que se entregara a la Guardia Civil y pusiera fin de este modo a una fuga durante la cual sus perseguidores llegaron a creer incluso que se hallaba en Rumanía, donde desarrollaba varias promociones urbanísticas.

  

El industrial reconoció entonces que el montante que adeudaba oscilaba entre los 2 y 3 millones de euros-inicialmente se barajaron cinco millones, 3 a las subcontratas y 1,9 a los bancos-y atribuyó lo ocurrido a que llegó un momento en que no pudo pagar y además los bancos se negaron a concederle crédito.

  

En su declaración, en la que estuvieron presentes abogados en representación de media docena de empresas afectadas, entre ellas Construtec Castilla S.L, a la que adeuda más de 228.025 euros, Ricardo A. recordó que Rialcat S.L. fue constituida con un capital social de 3.000 euros, posteriormente ampliado a 90.000, y, sin embargo, apuntó que en 2007 la sociedad llegó a facturar una cifra de negocio por valor de cuatro o cinco millones de euros. Eso sí, el declarante precisó que no tenía bienes propios y que toda la maquinaria de la empresa era de alquiler.

  

La acusación pública sostenía en su escrito de calificación que el industrial contaba en 2008 con varias promociones en ejecución, para lo cual mantenía relaciones comerciales con otras empresas con las que contrataba suministro de material y realización de trabajos en las obras que edificaba.

  

Aunque inicialmente pagaba mediante la emisión de pagarés con fecha de vencimiento aplazada, fue a partir de abril de 2008 cuando el constructor entró en situación de insolvencia, con lo que ya fue consciente de que no iba a poder hacer frente a los pagarés que iban venciendo.

  

Pese a ello, según el fiscal, Ricardo A.C. siguió contratando suministros y servicios con terceras empresas, a las que no informó en momento alguno de la situación económica de Rialcat S.L. y que siguieron proporcionando materiales y realizando trabajos para ella confiadas en que las facturas que emitieran iban a ser abonadas.

  

No fue así, y además las distintas obras en ejecución fueron abandonadas desde el 25 de agosto de 2008.

 

ENTREGADO POR LA "PRESIÓN MEDIÁTICA"

    

El empresario, en libertad durante todo este tipo, desapareció de Tordesillas en agosto de 2008 a raíz de lo ocurrido y no fue hasta primeros de septiembre cuando se puso en contacto con la Guardia Civil de Valladolid para informar de que se hallaba en Fuerteventura y para expresar su disposición a entregarse ante lo que entonces calificó de "presión mediática".

  

La denuncia de los hechos, que llevaron al industrial a huir a dicha isla canaria aprovechando que allí residía un cuñado, situó a su hijo, entonces concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Tordesillas, Mario Alonso, como presunto implicado en la estafa, hasta el punto de que éste se vio obligado a dimitir de su cargo. Sin embargo, el exedil tordesillano fue eximido de responsabilidad en el procedimiento que instruyó el Juzgado de Instrucción 2.