Condenado a 14 años el feriante de Valladolid juzgado por agredir sexualmente a su sobrina, menor de edad

Momento del juicio.

La Audiencia de Valladolid ha condenado a un total de catorce años de prisión a J.M.M.S, el feriante y vecino de Santovenia de Pisuerga que ha sido hallado autor de un delito continuado de agresión sexual que su sobrina sufrió desde los 6 hasta los 9 años, sin que la menor, perteneciente a la etnia merchera igual que su tío, denunciara lo ocurrido hasta once años después.

La sentencia condenatoria, que incluye la prohibición del condenado de acercarse al domicilio de la víctima por espacio de cinco años y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de una indemnización de 20.000 euros por los daños y perjuicios causados, ha sido leída 'in voce' y en audiencia pública por el presidente de la Sección Cuarta de lo Penal, José Luis Ruiz Romero, quien había citado a agresor sexual, que hasta la fecha se hallaba en libertad, a fin de garantizar su inmediato ingreso en el Centro Penitenciario de Valladolid.

  

De hecho, tras la lectura pública del fallo, que ha sido acogido con llantos por familiares del condenado, el Ministerio Fiscal, con el beneplácito de la acusación particular y la oposición de la defensa, que en ausencia del mediático letrado madrileño Marcos García Montes ha sido ejercida por un abogado de oficio, ha solicitado el encarcelamiento de J.M.M.S. para evitar que éste pudiera sustraerse a la acción de la Justicia, fundamentalmente debido a las dificultades de mantenerle controlado debido a su profesión de feriante.

  

Ante ello, el tribunal, pese a que el condenado, al ejercer su derecho a unas últimas palabras ha reiterado nuevamente que es "inocente", ha dictado la prisión provisional comunicada y sin fianza del agresor sexual, cuyos familiares han abandonado la sala con gritos de "asesinos", en clara alusión a los integrantes de la sala, y llorando de forma desconsolada.

 

EL PRESIDENTE, RODEADO EN LA CALLE

  

"¡No, no, todo es mentira, no ha hecho nada y se lo llevan a la cárcel"!, ha gritado llena de ira una de las hermanas del condenado, aunque la tensión vivida en los pasillos de la Audiencia Provincial se ha trasladado minutos después hasta la propia calle Angustias, donde el propio presidente del tribunal sentenciador, José Luis Ruiz Romero, quien abandonaba el edificio judicial, ha sido rodeado por familiares del reo con el fin de pedirle explicaciones.

  

Numerosos agentes de la Policía Nacional que integraban el dispositivo de seguridad montado al efecto han reaccionado de inmediato y han escoltado hasta un lugar seguro a Ruiz Romero, quien incluso ha tenido tiempo de intercambiar unas palabras con los hermanos y abuelos maternos del procesado.  

  

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo, es prácticamente coincidente con formulada por la acusación pública. Por su parte, la acusación particular había pedido quince años y 30.000 euros, mientras que la defensa, ejercida por Marcos García Montes, había mantenido su pretensión absolutoria.

  

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 1996 y 1998 y tuvieron por escenario, fundamentalmente, Santonvenia, donde residen las partes implicadas, Valladolid capital y otras localidades, aunque los mismos no fueron denunciados por la menor hasta 2010.

  

En la denuncia presentada y ratificada en el acto del juicio oral por la joven, hoy con 23 años, la denunciante mantuvo que su tío la obligó durante años a someterse a tocamientos y a practicar con él sexo oral, hasta que el procesado la penetró vaginalmente y la desvirgó, relato que el aludido, rechazó de plano y atribuyó a envidias relacionadas con su negocio de feriante.

  

Aunque lo ocurrido fue comunicado por la víctima a su madre, hermana del acusado, la progenitora la obligó a mantenerlo en secreto, hasta que finalmente esta última, en el lecho de muerte, la dio permiso para desvelar la dramática situación que había tenido que soportar entre los 6 y 9 años. Incluso su abuelo materno, tal y como algunos testigos relataron en el juicio, la había recordado la obligación de no ser "chivata" y la había amenazado con "matarles y quemarles la casa si lo denunciaban ante los payos".  

  

Hasta entonces, y para justificar el tratamiento psiquiátrico que la niña había recibido, la familia se inventó que el origen de los desarreglos psíquicos de la menor tenían su origen en un accidente de coche supuestamente ocurrido en Aranda de Duero.