Con la Ley de la Dependencia como arma arrojadiza: el PP señala al equipo de Gobierno

Jesús Enríquez, José Antonio Martínez Bermejo y Mayte Martínez, del PP del Ayuntamiento de Valladolid. JORGE IGLESIAS

El Grupo del PP en el Ayuntamiento de Valladolid ha apuntado que es el equipo de gobierno el que se niega a seguir la Ley de Dependencia al rechazar la prestación vinculada que ofrece la Junta de Castilla y León para complementar la financiación del servicio de ayuda a domicilio.

El Grupo del PP en el Ayuntamiento de Valladolid ha apuntado hoy que es el equipo de gobierno el que se niega a seguir la Ley de Dependencia aprobada en 2006 con el PSOE en el gobierno de la nación, al rechazar la prestación vinculada que ofrece la Junta de Castilla y León para complementar la financiación del servicio de ayuda a domicilio.

 

La réplica del grupo presidido por José Antonio Martínez Bermejo se produce después de que la concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, acusara a la Administración regional de incumplir la referida ley por no llegar al 90 por ciento de financiación comprometida y rechazar incrementar el dinero destinado a tal fin con la argumentación de que para eso existe la prestación vinculada.

 

Y es que el grupo presidido por José Antonio Martínez Bermejo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, sostiene que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid no quiere reconocer la prestación económica vinculada como un derecho subjetivo reconocido en la Ley de Dependencia, como alternativa a las prestaciones o servicios que contempla la ley, y no sólo para la ayuda a domicilio.

 

La prestación económica vinculada supone el pago a la persona dependiente de una prestación destinada a la cobertura de los gastos del servicio prestado por el sector privado. Permite que la persona dependiente "compre" el servicio en el mercado, muchas veces a las mismas empresas que prestan el servicio como gestión indirecta a los propios Ayuntamientos.

 

Esta fórmula, entiende el PP, garantiza la misma calidad de servicio y protege la prestación del derecho. Esta es la otra forma que prevé la ley socialista de dar cobertura a las necesidades de las personas dependientes cuando la previsión económica no puede hacer frente a toda la demanda de forma inmediata.

 

Por otro lado, recuerda que aunque hay control de las empresas que prestan estos servicios por parte de la administración competente, el Partido Popular ha propuesto en la Comisión del Área seguir analizando cómo se podría incrementar este control público, "aspecto este que ha sido rechazado tajantemente por la concejala de Servicios Sociales, que sigue prestando el mismo servicio público con gestión indirecta con la misma empresa que lo hacía en el último mandato del Partido Popular y que nada tiene que ver con la municipalización de los servicios sociales que tanto ha predicado el Partido Socialista".

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