Colegio Geólogos insiste en la importancia de aplicar una geología preventiva para evitar inundaciones

El Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) recuerda, ante la oleada de inundaciones que está afectando a todo el país, que existen mecanismos de prevención y de reducción de los daños ocasionados por este fenómeno, por lo que sugiere adecuar la ordenación del territorio a los mapas de riesgo de inundaciones.



MURCIA, 5 (EUROPA PRESS)



Esto implica no construir sobre zonas con riesgo de inundación en función del periodo de retorno de las zonas inundables próximas a los ríos, pues "si un mapa de riesgos de inundación establece que un territorio se inunda cada cinco años, implica que no puede ser ubicada una urbanización", ha declarado el presidente del Colegio Oficial de Geólogos, Luis Suárez.

Por ello, la segunda acción es, según el Colegio, aplicar la ley. Y es que desde 2008, en que se promulgó la Ley del Suelo, existe la obligatoriedad de realizar un mapa de riesgos naturales como paso previo a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), así lo reconoce el artículo 15 del Texto Refundido de dicha Ley, que establece que "el informe de sostenibilidad ambiental previo a la ordenación del territorio deberá incluir obligatoriamente un mapa de riesgos naturales".

En consecuencia, los ciudadanos afectados, amparándose en la ley vigente, pueden exigir a las administraciones responsabilidades penales y civiles.

Para construcciones y viviendas asentadas sobre zonas inundables la única opción es adoptar una política de seguros que responda al riesgo real, añade el Colegio en comunicado.

Por último, para casos anteriores a la Ley del Suelo señala que "no queda más remedio que invertir grandes cantidades económicas en estructuras de control de inundaciones", como pueden ser las presas de laminación de avenidas o las canalizaciones.

En todo caso, aunque estas medidas estén disponibles para todos los ciudadanos, el Colegio Oficial de Geólogos hace hincapié en que la mejor solución es la prevención, por lo que instan a los poderes públicos a su responsabilidad para cumplir escrupulosamente con la ley y evitar daños personales y las pérdidas económicas producidas por las inundaciones.