Cecale hará una auditoría jurídica de la etapa Terciado en busca de posibles delitos

El presidente de Cecale, Santiago Aparicio. Foto: BORIS GARCÍA

La junta directiva de Cecale aprueba encargar una auditoría jurídica para determinar si decisiones del expresidente Terciado, ya criticadas en la auditoría económica, constituirían delitos denunciables por haber perjudicado a la organización. Confae-Ávila se queda sola en la defensa de su presidente.

Cecale empieza, lentamente, a poner distancia con la etapa de Jesús Terciado al frente de la patronal autonómica. Y parece dispuesta a tomar medidas con respecto a muchas de sus decisiones además de cuestionarlas. Un paso que, aunque no sin problemas, se ha dado de manera casi unánime en una decisión que ha evidenciado que al expresidente no le queda más apoyo claro que el de 'su' patronal, la abulense Confae, que todavía preside, pero a la que no representa en la junta de la autonómica.

 

Según ha podido saber TRIBUNA, la junta directiva de Cecale ha llegado a un acuerdo para encargar la elaboración de una auditoría jurídica. Este informe, que se elaborará sobre la base de la auditoría de cuentas ya conocida y que se hizo sobre la etapa de Jesús Terciado, servirá para determinar si algunas de las decisiones y comportamientos del expresidente al frente de la patronal castellana pudieron ser constitutivas de delito.

 

El hecho de que se haga sobre la base de la auditoría económica no es desdeñable. El documento, un compromiso de Santiago Aparicio cuando accedió a la presidencia en sustitución de Terciado cuando este dimitió, tardó mucho en ser elaborado y conocido por los miembros de Cecale; durante meses el objetivo de la presidencia pareció ser el de ocultar el resultado. Pero finalmente salió a la luz, y con él algunas de sus conclusiones: incremento del gasto de tarjeta del presidente, gastos sin justificar, decisiones tomadas sin suficiente base como la compra de la nueva sede, falta de control... A ello hay que añadir que el resultado de aquella gestión fue la quiebra de la patronal, que tuvo que ser 'rescatada' por las organizaciones provinciales para evitar su desaparición.

 

El objetivo de esta auditoría jurídica es conocer si algunas de las decisiones tomadas son delito por cuanto perjudicaron a la patronal. Y, en última instancia, poder tomar acciones legales contra el expresidente. De hecho, el acuerdo adoptado incluye el compromiso de denunciar de manera inmediata los delitos que pudieran descubrirse.

 

 

'NO' A TRATAR EL ÚLTIMO ESCÁNDALO DE TERCIADO

 

La cita de este miércoles tenía un segundo punto candente. Algunos miembros habían pedido que se tratara el último escándalo de Terciado, el cobro a empresas proveedoras de Cecale con las que empresas del expresidente habrían trabajado al tiempo que el abulense les daba contratos millonarios. En conversaciones con varios de los presidentes de las patronales presentes en la junta, TRIBUNA constató que muchos se declaraban por la labor de tratar la cuestión.

 

Sin embargo, finalmente no pudo tratarse porque se denegó su inclusión en el punto de asuntos llegados con posterioridad a la publicación del orden del día; este se dio a conocer hace unos días y la petición para incluir este nuevo asunto no llegó hasta el martes. Por este motivo, el presidente Santiago Aparicio ha ejercido su atribución para decidir no tratar el asunto y evitar el acuerdo que se había generado en torno a una cuestión que, para muchos miembros, es de suficienter gravedad.