Catalá dice que la detención de 'Santi Potros' demuestra que el sistema funciona

Rafael Catalá Polo Ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que la detención del etarra 'Santi Potros' para que responda por crímenes de 1986 y 9187 es una demostración más de que el sistema funciona y ha asegurado que no hay en ella ni una "estrategia por parte del Gobierno para hacer esto o aquello" ni "injerencia en los jueces".

Catalá se ha expresado sí, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, preguntado si la detención de Santiago Arrospide Sarasola pretende que el Gobierno se reconcilie con las víctimas tras casos como la libertad de Josu Uribetxeberria Bolinaga (fallecido la semana pasada, dos años y medio después de recibir la libertad condicional por el cáncer que padecía) o la derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal de Estrasburgo, que aceleró la salida de prisión de decenas de etarras.

El ministro ha respondido que las personas que han cometido delitos también tienen derechos, pero que cuando han cumplido sus condenas eso no significa que no puedan tener otros delitos. "Es un funcionamiento normal que debe generar confianza a los ciudadanos", ha dicho.

Así, Catalá ha negado cualquier tipo de injerencia del Gobierno en el Poder Judicial y ha subrayado que acatar las decisiones judiciales "no es óbice para tener opinión", igual que los jueces opinan de la acción política del Gobierno y de las leyes.

En esa línea, ha destacado que la independencia del Poder Judicial no significa que "nadie pueda hablar de cómo funciona la Justicia". Es más, ha dicho que "la Justicia tiene problemas", y él se dedica precisamente a intentar resolverlas.

Catalá ha confiado en que el Gobierno logrará un pacto con el PSOE, y a ser posible con otros partidos, sobre las medidas para combatir el yihadismo y ha defendido que los ciudadanos tienen que tener la "tranquilidad" de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado trabajan por los ciudadanos, no contra ellos, sino "contra los que viven del delito".

En todo caso, considera que el sistema garantiza el equilibrio porque cuando las fuerzas de seguridad toman medidas como intervenir comunicaciones "lo hacen en relación con bandas delictivas y con supervisión judicial". "La garantía de la autorización judicial es el límite que nos puede dejar tranquilos a los ciudadanos de bien", ha añadido.