Castilla y León, primera CC.AA que compartirá con la Fiscalía información social y penal en casos de violencia de género

Manuel Martín Granizo y Milagros Marcos, durante la firma del convenio.

El Fiscal Superior ha propuesto a la fiscal de Burgos María Boado Olabarrieta como coordinadora regional en esta materia.

Castilla y León se ha convertido hoy en la primera región en la que los fiscales de la Comunidad podrán acceder a la historia social de las víctimas de violencia de género para aumentar su protección, merced al convenio suscrito entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Fiscalía Superior de la Comunidad.


El acuerdo, rubricado por la consejera Milagros Marcos y el Fiscal Superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, permitirá a fiscales y profesionales de los Servicios Sociales compartir información penal y social completa y actualizada sobre los casos de violencia de género que se registren en la región, iniciativa que permitirá profundizar en la protección a las víctimas y de sus hijos, proporcionando una respuesta ágil, eficaz y eficiente.

Así, tal y como ha explicado Marcos, los fiscales tendrán acceso de forma actualizada a datos sobre la historia social de la víctima, de sus hijos y personas que de ella dependan, de su situación y de su entorno. Y, además, contarán con información del abanico de recursos de Castilla y León enmarcados en el modelo 'Objetivo Violencia Cero', entre ellos asesoramiento psicológico, asesoramiento jurídico o la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género repartida por toda la Comunidad.

Conocer datos de la historia social de la mujer, de sus hijos, y sus circunstancias, así como de los recursos disponibles en Castilla y León, resultará de gran utilidad a los fiscales, ya que se trata de una "valiosísima" información que, en palabras de Martín Granizo, en el ámbito penal les ayudará a ajustar la propuesta de orden de protección a la situación concreta de las víctimas, sobre todo en el régimen de visitas o pensiones alimenticias, y también a la hora de procesos de separación o disolución del matrimonio que tengan su origen en episodios de violencia de género.

Los profesionales de los Servicios Sociales que se encargan de atender a estas mujeres dispondrán, por su parte, de información sobre los casos judicializados de violencia de género, lo que ampliará sus posibilidades de ofrecer una atención integral a la víctima.

Para Milagros Marcos, compartir esa información es "fundamental" a la hora de conseguir una mayor protección de las mujeres afectadas por esta lacra social y representa un nuevo paso de la Comunidad en la articulación del novedoso modelo 'Objetivo Violencia Cero' que la Junta de Castilla y León pretende implantar con el objetivo de abarcar el "antes, el durante y el después de la denuncia".

Los últimos datos de la Memoria de la Fiscalía Superior de la Comunidad, que, entre otros muchos, recogen un total de 1.444 órdenes de protección dictadas en 2012 y 1.286 en 2013, son suficientemente ilustrativos, en opinión de la consejera, de la importancia de luchar de forma coordinada contra la lacra social que supone la violencia de género.

Para lograr esa fluida colaboración, la Junta ya suscribió hace un mes un convenio en esta materia con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a fin de compartir información entre el colectivo de jueces y profesionales de los Servicios Sociales, al que se suma el presente acuerdo y al que seguirá, como tercera pata del referido objetivo de 'Violencia Cero', la próxima rúbrica de una iniciativa similar con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En este objetivo, la Junta pretende adaptar su Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género, el principal instrumento de información de la Comunidad sobre las víctimas y en el que ya figuran más de 1.600 víctimas registradas, a fin de incorporar las bases de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la propia Fiscalía Superior de Castilla y León.

Al dicho registro, por tanto, sólo tendrán acceso jueces, fiscales, las FCSE y profesionales de las corporaciones locales vinculados a la atención a las víctimas de violencia de género. El objetivo es integrar en esta herramienta, tal y como ha remarcado la consejera, la información de la que disponen las administraciones para el uso de los profesionales de las administraciones públicas.

Por su parte, Martín Granizo ha anunciado hoy que ha trasladado al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, la propuesta para que la fiscal de Burgos María Boado Olabarrieta se convierta en la coordinadora regional de todos los acusadores públicos de Castilla y León especializados en violencia de género, que se acercan a la veintena, con cuatro en Valladolid y León, tres en la capital burgalesa, dos en Salamanca y uno en el resto de provincias.

IMPULSO A LA FORMACIÓN

Pero además de la coordinación en materia de información, el presente convenio abre la puerta igualmente a un impulso en la formación en el ámbito jurídico y en el ámbito social y en el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los profesionales del Ministerio Fiscal y los profesionales de los Servicios Sociales.

Ese plus de formación posibilitará a los profesionales de los Servicios Sociales orientar mejor los casos y a los fiscales conocer con mayor profundidad la complejidad del ciclo de la violencia o el estado emocional de las mujeres que sufren esa situación de cara a entender el proceso y proponer medidas.

El convenio suscrito hoy forma parte del compromiso asumido por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, durante el debate del Estado de la Comunidad, de diseñar un modelo de atención integral y coordinado para las víctimas de violencia de género, que actúe desde el 'minuto cero' en que se produzca el primer síntoma y que le acompañe y guíe durante todo el proceso y tras la denuncia.

El nuevo modelo se marca como reto actuar antes incluso de que la víctima presente una denuncia. De este modo, se incidirá en la detección de las mujeres que pudieran estar sufriendo maltrato, ya sea desde los servicios educativos, sociales o sanitarios, para iniciar los procesos de ayuda desde la fase más temprana posible y adaptados a las circunstancias de la mujer en cada uno de los momentos.