Castilla y León eleva el máximo exento en el impuesto de sucesiones hasta 250.000 euros

En 2016 también se pondrán en marcha incentivos a empresas en zonas con desafíos demográficos y apoyos a emprendedores de base tecnológica. 

 

Castilla y León elevará a partir del segundo semestre de este año el máximo exento en el impuesto sobre sucesiones y donaciones hasta los 250.000 euros desde los 175.000 que actualmente están vigentes en la Comunidad.

 

Así se ha incluido en la Ley de Medidas Tributarias que acompaña a los Presupuestos Generales de la Comunidad aprobados el pasado mes de diciembre en las Cortes de Castilla y León.

 

Este incremento se ha hecho efectivo después de que el Grupo Popular aceptara, en el debate de Presupuestos en el Parlamento autonómico, una enmienda a la Ley de ciudadanos para incrementar el máximo hasta los 250.000 euros y después de que los propios 'populares' ya hubieran aprobado otra para elevar este límite a los 200.000 euros.

 

Además de esta ventaja tributaria, el pacto entre Ciudadanos y el PP para la aprobación de los Presupuestos en las Cortes supondrá que a lo largo de este ejercicio también se pongan en marcha otras ventajas económicas para emprendedores y empresas.

 

En concreto, los emprendedores de base tecnológica podrán ver bonificado en el primer, segundo y tercer año el 100, 50 y 25 por ciento, respectivamente, del alquiler de que les suponga su instalación en parques tecnológicos titularidad de la Junta de Castilla y León.

 

Asimismo, las empresas que se ubiquen en zonas con desafíos demográficos contarán con incentivos y prioridad en la concesión de subvenciones, ayudas, préstamos y avales por parte de la Administración.

 

Además de estas ventajas fiscales, bonificaciones y ayudas, a lo largo de este año se elaborará un plan de dinamización para los municipios mineros que se extenderá hasta 2020, dotado con un importe mínimo de cinco millones de euros anuales, fondos que C's abogue por que se dirijan principalmente a la creación de empleo en consenso con los agentes sociales y los ayuntamientos de los municipios en los que se desarrolle.