Casi 7.600 trabajadores de la enseñanza concertada de Castilla y León recuperan 3 millones de euros de la 'extra' de 2012

Cabe recordar que a los docentes de Primaria y 1º y 2º de Secundaria les paga el salario la Consejería desde la transferencia de las competencias.

Los cerca de 7.600 trabajadores de enseñanza concertada, educación especial concertada y centros de asistencia y educación infantil concertada de la Comunidad podrán recuperar los tres millones que les fueron retraídos en el año 2012 con cargo a la paga extra, al igual que ocurrió con los empleados públicos.

  

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha  fallado a favor del sindicato Comisiones Obreras, que el pasado mes de diciembre presentó una demanda de conflicto colectivo para que estos casi 7.600 trabajadores (7.000 de la concertada, 400 de especial y más de 200 de asistencia e infantil) recuperaran la cuantía que les fue detraída de la nómina de diciembre de 2012 con cargo a la paga extra de enero a diciembre de ese año.

  

El TSJCyL, según ha destacado este jueves la secretaria de la Federación de Enseñanza de CC.OO, Elena Fernández, ha acordado la devolución de la partida que les fue detraída de manera "injustificada", es decir, la correspondiente al periodo entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2012, previo a la entrada en vigor del Decreto Ley 1/2012 de 16 de agosto de la Junta.

  

Cabe recordar que a los docentes de Primaria y 1º y 2º de Secundaria les paga el salario la Consejería desde la transferencia de las competencias y que, desde el año 2000, cobran además un complemento de analogía que buscaba en su momento la equiparación del 96 por ciento de sus sueldos con los de los trabajadores públicos.

  

De este modo, los trabajadores de la concertada cobraron en diciembre de 2012 su paga extra, al contrario que los empleados públicos, pero no su sueldo (ronda entre los 1.769 de los docentes de ESO Secundaria a los 1.637 de Infantil y Primaria), dado que esta cantidad equivalía a la parte detraída a sus homólogos de la pública.

  

Fernández ha precisado que el fallo llega tras el acuerdo alcanzado con la Consejería de Hacienda en materia de Función Pública y, tras añadir que si no se hubiera interpuesto el conflicto este colectivo no hubiera entrado en la negociación para la recuperación de la parte devengada en 2012, ha aseverado que la sentencia del TSJCyL es "más beneficios" para los trabajadores de la concertada que el propio acuerdo.

  

Asimismo y preguntada sobre la situación que se crea con esta sentencia tras el acuerdo con la Junta, la responsable de la Federación regional de Enseñanza de CC.OO ha recordado que incluso cuando se firmó el acuerdo con la Consejería de Hacienda el sindicato ya defendió que no renunciaría a ningún recurso interpuesto.

  

Por su parte la responsable de Enseñanza Privada de Comisiones Obreras Castilla y León, Pilar Moreno, ha puntualizado que la Comunidad tiene cinco días para recurrir el fallo del TSJCyL, a lo que ha añadido que de momento no tienen constancia de que se haya presentado recurso.

 

MÁS RECLAMACIONES

  

Por otra parte, Fernández ha anunciado que el sindicato interpondrá reclamaciones individuales para los funcionarios y conflicto colectivo para el personal laboral a fin de que la Administración les retribuya los días de vacaciones conseguidos con cargo a su antigüedad que les fueron retirados con el mismo carácter retroactivo.

  

En concreto, ha detallado que a los 22 días hábiles de vacaciones de los funcionarios se suman los conocidos como "canosos": los que, debido a su antigüedad (uno por cada 15 años trabajados, dos por cada 20 y por cada 25), se les van concediendo y que les fueron retirados desde la publicación del Real Decreto del Gobierno, con vigencia desde el 14 de julio de 2012.

  

Tras insistir en que una norma no puede tener efectos retroactivos sobre derechos "que se han ido adquiriendo", la secretaria de la Federación de Enseñanza de CC.OO ha incidido en que las acciones que emprenderán buscan, por una parte, que los funcionarios recuperen ese derecho y, por otro, que les sean retribuidos económicamente los días que perdieron por la aplicación de esa retroactividad.

  

Ya hay sentencias en otras comunidades que establecen la ilegalidad de esta decisión, según Fernández, quien ha precisado que aquella medida se dirigía, especialmente, a los trabajadores de la universidad.

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