Campaña en Castilla y León a favor de mantener el Registro Civil

Un total de 362 municipios de Castilla y León podrían verse afectados por la privatización que plantea el Ejecutivo del Registro Civil, dotando de mayores competencias a registradores de lo mercantil.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F)  insta a los ayuntamientos que presenten mociones a favor del mantenimiento del Registro Civil, que desaparecerá si, finalmente, sus competencias pasan a los registradores de lo Mercantil, y en caso de aplicarse la reforma planteada por el Ministerio de Justicia. El sindicato independiente remitió semanas atrás una carta a los alcaldes, para animar a presentar esas mociones, y recuerda que unos 500 funcionarios de Castilla y León pueden verse afectados por la privatización del Registro Civil.

Diversas voces pertenecientes a organizaciones sociales plantean que deben mantenerse los Registros Civiles como servicio público al tratarse de un servicio básico para los ciudadanos, el registro mercantil versa sobre personas y no sobre cosas.

Aunque algún municipio ya ha aprobado la moción solicitada, CSI-F remarca que “resulta clave que todos los ayuntamientos expresen con claridad su deseo de que el Registro Civil siga ofreciendo su servicio. Es importante que los ayuntamientos defiendan el actual modelo de los registros civiles, dependientes del Ministerio de Justicia”, remarca la responsable del sector de Justicia en CSI-F Castilla y León, María Jesús Zamorano.

 

CSI-F defiende queun Registro Civil único en su gestión, modernizado, informatizado e interconectado, un Registro Civil centrado en las personas, accesible al ciudadano y, para ello, descentralizado en su funcionamiento. Aprovecha la red de partidos judiciales y los Juzgados de Paz existentes en esta Comunidad, que suman 154 Agrupaciones de Paz y 65 partidos judiciales, definiendo su demarcación y mejorando su organización interna.

De manera paralela a las movilizaciones en contra de la privatización del Registro Civil, el CSI-F inicia un dialogo con diferentes grupos parlamentarios y con el Defensor del Pueblo en busca de más apoyos. Con el objetivo de ejercer una mayor presión para que el Tribunal Consitucional revoque esta decisión.