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Archivada la causa contra León de la Riva por negar información sobre el ascensor de la catedral

El ascensor de la Catedral de Valladolid ya está instalado, pero habrá que esperar para su inauguración. JUAN POSTIGO

El juez del Juzgado de Instrucción número 1 ha archivado provisionalmente la causa contra el alcalde de Valladolid sobre las obras del ascensor de la catedral.

El caso, denunciado por la Fiscalía, a intancias del Grupo Municipal de IU, aludía al "castigo a la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes", según informa a Europa Press el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

 

Sin embargo, en su auto el juez indica que, en este conflicto, existen vías dentro de la normativa municipal y en la Ley 30/1992 para obtener la información que se requiere, y que si hay una negativa a esta solicitud también se puede recurrir administrativamente. La jurisdicción penal es la última en actuar--recuerda--si no existe otro medio de solucionar el problema, de ahí el archivo de la causa acordada por el juez, decisión contra la que cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación en los próximos tres días.

 

La presente causa contra el alcalde se inició a instancias del Grupo de IU en el Ayuntamiento de Valladolid, que el día 23 de mayo registró un escrito en Fiscalía para instar a ésta a que analizara si los "obstáculos" que, a su juicio, estaba poniendo el alcalde a la hora de facilitar información sobre el proyecto de instalación de un ascensor en la Catedral tenía encaje en el Código Penal y, por consiguiente, podía traducirse en la apertura de un proceso penal contra el regidor para que sea inhabilitado.

 

Esa fue la petición que los tres ediles de IU, Manuel Saravia, Alberto Bustos y María Sánchez, registraron en el departamento que dirige Esther Pérez Jerez, a la que, en palabras del primero, solicitaban que analizase el "jugueteo" y el intento del alcalde de "dilatar de forma torticera" la facilitación al grupo de la información relativa al proyecto consistente en instalar un elevador panorámico en la seo vallisoletana para facilitar su accesibilidad y adecuación para la visita pública.

 

En su escrito, IU recordaba que el pasado día 11 de abril solicitó por escrito acceder "al expediente del proyecto de instalación del ascensor de la torre de la catedral", sin que el alcalde respondiera en los cinco días hábiles de plazo legal, con lo que el grupo reiteró su petición, también sin éxito, el pasado día 20 de mayo, con la particularidad de que en este último caso la repuesta fue que "no existe ningún expediente en cuya denominación se indique 'proyecto de instalación del ascensor de la Catedral'".

 

Sin embargo, Saravia entendía que el contenido de la petición realizada por IU era "absolutamente inequívoco" y no planteaba duda alguna, por lo que, en opinión del edil, la postura de León de la Riva obedecía al intento de "juguetear" y entorpecer el acceso a la información requerida, de ahí la decisión de llevar los hechos a Fiscalía por si los mismos pudieran merecer algún "reproche jurídico".

 

INHABILITACIÓN DE UNO A CUATRO AÑOS

 

En concreto, IU enmarcaba la conducta del regidor del PP en el artículo 542 del Código Penal, aquel en el que pudiera incurrir la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos en la Constitución y las leyes, para el cual se estipula la inhabilitación especial para cargo público por espacio de entre uno y cuatro años.

 

En este sentido, Saravia confesó no entender cómo León de la Riva, imputado ya por delito de desobediencia por el caso de los áticos de Zorrilla, "y al que se pide ya inhabilitación, siga jugando con este tipo de cosas", mientras que la también edil de IU María Sánchez fue todavía más allá al denunciar públicamente que la actuación del alcalde es "reiterada" y caracterizada por la "mala fe", en referencia a los obstáculos que, a su juicio, viene poniendo en otros muchos asuntos.

 

En el caso del ascensor de la Catedral de Valladolid, los ediles de IU apuntaban además, entre las razones de peso para solicitar la máxima claridad, el baile de cifras respecto del coste del proyecto, que cifraban en cerca de un millón de euros, y lo injustificado e "inoportuno" del mismo cuando, según recordaron, hay otras necesidades de tipo social mucho más prioritarias.