Apertura de juicio contra Martín Pascual y otros tres por adjudicar a dedo una rotonda en Medina

Crescencio Martín Pascual. TRIBUNA

Así lo determina el auto del magistrado del TSCJCyL e instructor de la presente causa tras desestimar los recursos de reforma que varios de los imputados interpusieron contra su  auto anterior.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León será finalmente el órgano encargado de celebrar juicio oral contra el procurador del PP y exalcalde de Medina del Campo, Crescencio Martín Pascual, y otros tres imputados más por la supuesta adjudicación a dedo en 2008 del proyecto denominado 'Rotonda de acceso a la zona industrial' por importe de 324.531 euros.

 

Así lo determina el auto del magistrado del TSCJCyL e instructor de la presente causa, Antonio César Balmori Heredero, tras desestimar los recursos de reforma que varios de los imputados interpusieron contra su  auto anterior, de fecha 23 de febrero de 2015, que acordó continuar la tramitación de las diligencias por el procedimiento previsto en los artículos 780 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

En el caso del propio Crescencio Martín Pascual, éste optó por presentar recurso directo de apelación, con lo que el instructor ha resuelto dar traslado del mismo a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, que será la encargada de resolverlo, según informan fuentes de dicho tribunal.

 

El magistrado señala como competente para el conocimiento y fallo de la causa la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ante la cual habrán de sentarse el exedil Crescencio Martín Pascual; el que fuera concejal de Urbanismo y Obras, Francisco Javier Rodríguez Herranz; el representante legal de Construcciones Hermanos Sastre, Siricio Sastre, y el ingeniero autor del proyecto y director de la obra, Julián Alonso Chillón.

 

Al exregidor y al exedil de Obras les considera autores de un delito continuado de prevaricación (artículos 74.1 y 404 del C.P) y de otro de fraude a la administración pública (art. 436), de los que serían cooperadores necesarios los otros dos imputados, al tiempo que imputa sendos delitos de falsedad (398) a estos últimos y a Francisco Javier Rodríguez Herranz.

 

Las diligencias presentes investigan hechos que se remontan a noviembre de 2008, cuando el que fuera regidor de la villa, Crescencio Martín Pascual, dictó un decreto por el que aprobó el proyecto denominado 'Rotonda para acceso a la zona industrial' situada en el kilómetro 2,500 de la carretera C-112, entre dicha localidad y Olmedo, con un presupuesto base de licitación de 324.5321,30 euros.

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