Antonio María Sáez Aguado: "Hay una percepción social de que los recortes en sanidad han sido más de los que realmente se han producido"

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León es un hombre pausado, reflexivo en su análisis y abierto a cualquier posibilidad de diálogo. Su área es, quizá, la más sensible y en época de dificultades económicas cualquier decisión merece una exploración a fondo. Pero en su empeño está no solo mejorar la sanidad regional, sino hacerlo de la mano de los profesionales.

Antonio María Sáez Aguado (Palencia) tiene el peso de la experiencia. Para este licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, el lenguaje sanitario no le resulta extraño ni en el ámbito profesional ni en el político. Especializado en dirección de hospitales, ha desempeñado diversas responsabilidades hasta que, tras las últimas elecciones autonómicas, el presidente Herrera le dio el timón de la Sanidad en Castilla y León. Difícil reto en una época de convulsiones económicas donde la palabra “recortes” se apodera de cualquier movimiento estratégico.

 

 

 

PREGUNTA. - ¿El reciente manifiesto firmado por diversos colectivos se puede calificar como gesto de voluntades o la denominación de compromiso ya aglutina sus intenciones?

 

RESPUESTA.- Yo creo que sobre todo es compromiso. Así lo llamamos además: compromiso con la sanidad pública. En definitiva lo que hace es, en un momento en el que se ha planteado un debate en España, básicamente por iniciativa de tres comunidades autónomas, sobre la configuración del sistema nacional de salud, buscar un consenso generalizado. Algunas iniciativas han abierto ese debate que de alguna manera ha generado incertidumbre en Castilla y León; incertidumbre en forma de que después se van a privatizar las cosas en nuestra Comunidad o dudas sobre qué va a ocurrir, etc., todo ello unido a las medidas de ajuste que hemos tomado, que no son muy incisivas, pero obviamente hemos tomado medidas.

Era necesario reafirmar nuestro modelo con el sector sanitario porque se habían generado interrogantes que también llegan a los ciudadanos

Por eso hemos pretendido, desde el punto de vista de la Junta, reafirmar este compromiso con el modelo de sanidad pública que tenemos. Se lo hemos ofrecido al sector y los profesionales lo han asumido con rapidez aunque ha habido una parte, en concreto tres organizaciones sindicales, que no lo han querido asumir aunque estoy convencido de que lo comparten. Han aducido otras razones que no tienen que ver con el modelo sino con la realidad de la situación laboral. Pero desde el principio habíamos planteado reafirmar el modelo sanitario, que es lo que debemos garantizar. Otra cosa distinta son las condiciones laborales o retributivas. Nuestra sanidad puede medir 95, 100 ó 105, dentro del mismo esquema de sanidad pública. Quizá ahora tenemos que reducirlo a 95 a la espera de otros tiempos de mayor crecimiento para volver a recuperar algunas cosas que estamos acotando. En definitiva, es un compromiso que pretende trasladar estabilidad y tranquilidad; compromiso para intentar mejorarlo con la ayuda de los profesionales, que para mí es algo básico y estratégico.

 

P.- En otras comunidades autónomas se ha generado un debate sobre ciertas aplicaciones de los modelos sanitarios. Los profesionales a los que usted alude disponen de demasiados espejos en los que mirar o comparar. ¿Castilla y León tiene claro lo que quiere o no quiere hacer con su sanidad pública?

 

R.- Sí, sin ninguna duda. Desde el principio el debate que se ha planteado en España tiene, para mí, una debilidad importantísima puesto que se basa en si es mejor la gestión pública o la gestión privada. Desde mi punto de vista lo que debemos debatir es cómo podemos mejorar la gestión pública, que tiene limitaciones y tiene restricciones. La pena que me da es que no se plantea en estos términos porque a veces la gestión pública no es lo suficientemente eficiente como para tener mejores resultados. Globalmente, el sistema sanitario sí es eficiente porque en España tenemos buenos resultados en términos de salud con un nivel de gasto ligeramente inferior a países de nuestro tipo, pero en el nivel micro, en las unidades, en los servicios, tenemos bolsas de ineficiencia que derivan de las rigideces que tiene estar situados en el entorno público y por el fracaso que ha habido en España de la reforma de la administración pública. Yo lo digo de otra manera que puede parecer exagerada, pero en España trabajan medio millón de personas en la sanidad. Seguramente no hemos podido despedir a más dos o tres de ese medio millón si trabajan mal, pero lo que es peor, no hemos podido estimular a los que trabajan muy bien y al final por el sistema de relaciones laborales, por la regulación que tenemos en Castilla y León y en toda España seguimos una política de café para todos en la que no somos capaces de estimular a los mejores del sistema; esto es lo que hay que situar en el debate. Qué debemos hacer para mejorar la gestión pública que debe ser mejor que la privada en sanidad, porque en sanidad producimos bienes públicos y creo que la sanidad debe mantenerse en ese entorno. Una de las claves es el papel de los profesionales y sobre eso estamos trabajando en la órbita de la gestión clínica. De cómo trasladar más capacidad de decidir cómo organizar su trabajo. Yo no tengo que decidir si una enfermera de un servicio hospitalario debe trabajar de mañana o de tarde. Creo que tampoco lo deben decidir los sindicados; los sindicatos deben velar por las retribuciones, por las condiciones laborales, pero en un contexto de flexibilidad para que las unidades y los servicios se adapten a lo que requiera su actividad clínica. Pienso que están encuadrados todavía en un ámbito muy administrativo, un poco burocrático. Creo que eso hay que romperlo manteniéndolo en un entorno público porque los talibanes, entre comillas, de lo público, y soy muy defensor de lo público, terminan siendo inmovilistas, dificultando cambios y actualizaciones que mejoran  la sanidad pública y eso también es muy peligroso.

 

P.- Usted llega a esta consejería en un momento de cambio obligado y motivado por la coyuntura económica. Eso ha derivado en tomar medidas impopulares. ¿Por eso se esfuerza tanto en implicar a los profesionales de la sanidad para que trasladen el mensaje de su visión más directa?

 

R.- Claro. Tal y como lo vivo yo ahora coinciden dos procesos. Hay un problema estructural en la sanidad que es de eficiencia en el sentido de un sector muy dinámico en el que los recursos tienden a crecer mucho. La sanidad se expande con mucha facilidad porque absorbe mucha innovación, tecnológica fundamentalmente, y de conocimiento y eso genera una tendencia al crecimiento. La sanidad tiene facilidad de expandirse y enormes dificultades de contraerse porque en esa expansión también incluye una demanda de los ciudadanos que aspiran cada vez a una sanidad más rápida, cercana y de mayor calidad. Al mismo tiempo, eso ha hecho que en la última década el crecimiento del gasto en sanidad haya sido muy superior al crecimiento de riqueza de los países o las comunidades.

Cuando en Castilla y León el Producto Interior Bruto crecía del 3%, la sanidad crecía el 6, 7 y hasta el 8 por ciento. Cuando eso se mantiene durante mucho tiempo se plantea un cierto problema estructural: ¿hasta dónde debemos absorber cada vez más recursos públicos? Eso es un problema estructural de los sistemas sanitarios desarrollados

En esa coyuntura ha aparecido la crisis y ha intensificado esta situación en la medida de que se contraen los recursos y resulta más difícil contraer el sistema y reducir sus dimensiones para poder financiarlo y pagarlo, en definitiva. Yo creo que en Castilla y León las medidas que hemos tomado han sido relativamente limitadas pero ahora estamos confrontados a eso; a mejorar internamente la eficiencia en un contexto de reducción de recursos y muchas veces esas medidas de eficiencia se perciben únicamente como recortes. Hay una percepción social de que los recortes en sanidad han sido más de los que realmente se han producido. Se ha generado esa sensación pero cuando yo pregunto a las personas que van a un centro de salud si han notado alguna diferencia, lo habitual es que no se perciban esas diferencias; pregunto si han acudido al hospital y si han notado algunas diferencias, pues salvo que se han aumentado las demoras quirúrgicas, la gente no percibe grandes cambios. Pero en el imaginario social sí que está presente que ha habido muchos recortes en sanidad cuando creo que han sido más limitados y que han afectado más a los profesionales que al funcionamiento del sistema. Los que más castigo han recibido, por decirlo de alguna forma, han sido los propios profesionales.

 

P.- La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo en su momento que dimitiría si algún madrileño tuviera que esperar más de 30 días para una intervención quirúrgica. No sé si podría aplicarse aquí también pero, en cualquier caso, ¿cuál es el nivel de demora en Castilla y León?

 

R.- No, aquí no podríamos hacerlo porque no encontraríamos consejeros. Vamos a ver. En Castilla y León, en los últimos años, nos mantenemos en que nuestras demoras quirúrgicas son inferiores a la media que se produce en las comunidades autónomas de nuestro país. Eso nos sitúa donde nos sitúa, nos es ninguna justificación de nada, pero hay que decirlo. En el último año han crecido porque entre las medidas de ajuste que hemos tomado ha habido dos que han impactado directamente. Una de ellas es la supresión de las llamadas peonadas, que era un sistema muy poco lógico de funcionamiento, y en segundo lugar la reducción muy importante de los conciertos con el sector privado. Hemos tomado esas medidas porque era urgente y teníamos que cumplir los objetivos de décifit aunque sabíamos que íbamos a impactar en las esperas. En estos momentos la demora media en Castilla y León está en 96 días. Es muy elevada y es una de nuestras preocupaciones, pero me gustaría destacar dos cosas: hay que valorar la lista de espera de una manera diferenciada. Decir que hay 1.000 o 2.000 pacientes en lista de espera es lo que es, pero lógicamente no es lo mismo que de esos 1.000, 900 tengan un proceso oncológico o solo lo tengan 90.

Afortunadamente para la mayor parte de los procesos graves, especialmente los oncológicos o la cirugía cardiaca no valvular estamos cumpliendo el compromiso de que no supere los 30 días. Se nos puede escapar algún caso, pero se detecta y se corrige. En el otro lado, debo decir que si un juanete tiene que esperar algo más de tiempo, pues tiene que esperar

Hay, además, un problema de lentitud del sistema. Estamos empezando a absorber a través del incremento de la jornada laboral eso que hacíamos antes con el sistema de peonadas o con el sector privado. Es un proceso lento. En algunos hospitales había muchas peonadas y cuesta mucho más tiempo absorberlo. Las listas de espera, en un sistema universal, tienen que existir y así lo dicen los expertos porque si no tendríamos unos recursos obsoletos. Las que tenemos en Castilla y León son elevadas y las tenemos que reducir sin ninguna duda, pero estamos en un entorno y en contexto un poquito por debajo de lo que se hace en España y aunque eso no nos satisfaga, también hay que ponerlo en la mesa. La idea es jerarquizar la lista de espera en función de cada uno de los procesos y probablemente en un futuro tengamos que ir a ese tipo.

 

P.- Una de las cuestiones que más alarma ha generado en los últimos tiempos es el cierre de determinados servicios de urgencias. El presidente Herrera habla de estudiar los casos. En Valladolid afecta al centro de Ataquines ¿Habrá marcha atrás?

 

R.- Nosotros hemos hecho una revisión global de lo que hacemos y en particular de la atención en urgencias, tanto en hospitales como en atención primaria.

En hospitales hemos tomado algunas medidas. Yo he encontrado en siete hospitales en los que un mismo especialista hacía guardia de presencia física y en otros siete el especialista, por ejemplo en análisis clínicos, hacía guardia localizada.

Esto ocurría en hospitales parecidos, de 600 camas. Analizamos la situación y vemos que cuando estaba de guardia localizada no ha habido ningún problema; se le ha avisado dos o tres veces al año, cuando los técnicos del laboratorio apreciaban algo raro, le avisaban, acudía al hospital y se resolvía. Hemos reducido algunas guardias en los que los facultativos tenían poca actividad o las hemos pasado a localizadas. En el ámbito de la primaria hemos encontrado por razones históricas que además de las guardias de los centros de salud, había 19 consultorios locales que tenían guardia 24 horas al día. Hemos analizado la frecuentación, que era de una media de un caso por noche, cuando en el centro de salud atendían como media dos o tres y hemos pensado que tres o cuatro casos en una noche se pueden atender en los centros de salud. Analizamos las distancias, los tiempos de acceso, el tipo de población y todas estas zonas en los últimos años se han dotado además de una unidad de soporte vital básico de manera que mejora la accesibilidad para desplazar a los profesionales o a los pacientes y hemos tomado esa decisión entendiendo que iba a ser contestada porque a todo el mundo nos gusta tener el médico a la puerta de casa o muy cerca, pero debemos utilizar los recursos adecuadamente. Es curioso porque en el caso de Ataquines ha sido difícil saber las razones de por qué existía ese punto de guardia. Me dicen que obedecía al antiguo sistema de igualas y que se mantuvo durante algún tiempo por parte del Ayuntamiento, a su cargo, y que después como ya estaba funcionando se mantuvo fuera del Ayuntamiento. En el entorno de Ataquines hay otro municipio de 2.400 habitantes que tiene una distancia más o menos similar y la población está acostumbrada a desplazarse a Medina del Campo cuando tiene alguna urgencia. Y la pregunta es por qué de los 3.600 consultorios solo en 17, con qué criterios, pues bueno, hemos entendido que de los 19 que había dos tenían algunos problemas de accesibilidad y esa es la decisión. Nosotros planteamos criterios. El presidente decía eso en las Cortes. Vamos a hablarlo, pero con criterios.