Ana Torroja admite que defraudó a Hacienda, pagará 1,4 millones de euros y evitará la cárcel

La cantante de Mecano, Ana Torroja

La cantante Ana Torroja ha aceptado una condena de un año y tres meses de prisión, que serán sustituidos por una multa de 9.000 euros, y al pago de otros 1.392.989 euros, tras admitir haber defraudado a Hacienda durante los años 2003, 2006 y 2007.

En total 796.410 euros en cuotas del IRPF. La acusada se ha sentado en el banquillo en los Juzgados de Vía Alemania de Palma, donde ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado.

 

La excomponente del grupo Mecano se ha declarado de este modo culpable de haber defraudado al fisco utilizando para ello una estructura societaria en países como Panamá y Antillas Holandesas de la que presuntamente se sirvió para simular que residía en Reino Unido y no tributar el IRPF. Más en concreto, la inculpada defraudó hasta 202.068 euros en 2003, 223.935 en 2006 y 370.407 en 2007, por lo que deberá pagar al Estado 796.410 euros en concepto de responsabilidad civil.

 

Del mismo modo, Torroja deberá hacer frente a multas que suman 477.846 euros, así como al pago de 118.733 euros por vía administrativa correspondientes al IRPF de 2004. Hasta el momento, la cantante ha devuelto unos 700.000 euros y se ha comprometido a abonar el resto del dinero a cuyo pago ha sido condenada. Por este motivo, el escrito de conformidad contempla para ella las atenuantes de reparación del daño, confesión y colaboración con la justicia.

 

Inicialmente, los servicios jurídicos del Estado reclamaban para ella tres años y tres meses de cárcel por seis delitos contra la Hacienda Pública a raíz del impago del IRPF entre 2001 y 2007 -exceptuado el año 2005-, mientras que la Fiscalía, por su parte, pedía para ella un año y medio de cárcel y una multa de más de 462.000 euros por dos delitos fiscales -circunscribía su calificación a los años 2006 y 2007-.

 

Tal y como ha reconocido Torroja, para poder omitir el pago de las cuotas tributarias utilizó varias sociedades españolas y extranjeras con las que ocultó sus rentas, todo ello con el único propósito de eludir sus obligaciones fiscales aparentando residir fuera del territorio español.

 

RETIRADA DE ACUSACIONES PARA DOS ABOGADOS

 

Mientras tanto, las acusaciones han retirado sus cargos contra el abogado Gabriel Feliu, socio del Bufete Feliu, gestionado antes de 2003 por Octavio Fernández de la Reguera. Ambos se encontraban inicialmente acusados por la Abogacía del Estado.

 

En concreto, los hechos se enmarcan en la pieza separada Ñ del caso Relámpago, incoado en abril de 2007 y centrado en la canalización de dinero a través de paraísos fiscales, blanqueo de capitales y dobles ventas de solares en Cala Llamp, Andratx (Mallorca).

 

Precisamente, sobre el despacho de abogados Feliu pesan varias sospechas de estafa investigadas en este procedimiento judicial. La causa se inició con diversos registros entre los que se encontraba este bufete, que se hallaba relacionado con 816 sociedades que tenían unos activos declarados por importe de 307 millones de euros.

 

TORROJA PIDIÓ EN SU DÍA LA NULIDAD DE LAS PESQUISAS

 

Torroja pidió en su día la nulidad del caso y que asimismo se declarasen nulos como pruebas los registros llevados a cabo en el bufete Feliu así como los pichazos telefónicos realizados en las investigaciones de esta supuesta trama de evasión fiscal. No obstante, el juez rechazó el recurso de quien fuese la voz de Mecano.

 

Las sospechas comenzaron cuando, durante de la investigación del caso, varios de los clientes de la asesoría Feliu acabaron como imputados. Todos ellos alegaron en su descargo que eran residentes fiscales en Inglaterra y que, por tanto, no tenían obligación de declarar o pagar sus impuestos en España sobre determinadas operaciones inmobiliarias o financieras o respecto a su patrimonio.

 

También Torroja alegó ante Hacienda que no era residente fiscal en España y al igual que el resto de clientes de la asesoría señalaba Reino Unido como su residencia. De este modo, la cantante aparecía como supuesta implicada en abril de 2007, como administradora única de la empresa Carlitos Way, constituida en 2004 y cuyas relaciones con el bufete Feliu han centrado las pesquisas de los investigadores.

 

Después de que la cantante se negase a declarar, el magistrado acordó para la imputada una fianza civil de 1,8 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias de los delitos fiscales que se le imputaban hasta ese momento.