Amenaza de sanción a otros cuatro cargos del gobierno Zapatero por irse sin declarar sus bienes y actividades

Cristóbal Montoro
El Gobierno ha abierto expediente sancionador a cuatro ex altos cargos del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por no haber cumplido con su obligación de presentar a su cese la declaración patrimonial y de actividades que exige la Ley de Regulación de Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Según un informe de la Oficina de Conflictos de Intereses remitido al Congreso y al que tuvo acceso Europa Press, los expedientados son un exembajador en la República de Gabón César Alba Fuster; la exdelegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Nuria Espi de Navas; un exdirector del Gabinete de Carmen Chacón en el Ministerio de Defensa, el periodista Joaquín Fernández Núñez, y el exconsejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) José Enrique Gómez Espinar.

La citada ley de regulación de conflictos de intereses, que data de 2006, señala que el plazo para la presentación de esos informes sobre las actividades que se vayan a realizar y sobre el patrimonio acumulado es de tres meses a partir de las fechas de toma de posesión y de cese.

Si no responden, la oficina dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les envía un recordatorio y, si siguen sin cumplir con su obligación, les dirige un requerimiento que, si tampoco es atendido, deriva en la apertura de un procedimiento sancionador.

En el segundo semestre del pasado año, la Oficina de Conflictos de Intereses envió hasta 125 recordatorios por no presentar declaración de actividades y bienes, de los que falta por recibir tres por cese y 52 anuales.

Además, dirigió 18 requerimientos a altos cargos que no atendieron los recordatorios del semestre anterior, pero todos han sido ya contestados.

UNA INHABILITACIÓN

En el informe se da también cuenta de la sanción de siete años de inhabilitación impuesta a la que fuera directora general del ICO entre septiembre de 2009 y febrero de 2012, Olga García Frey, por conflicto de intereses en relación a la firma PricewaterhouseCoopers (PwC), en la que fue consultora senior antes de llegar al organismo público.

El otro expediente sancionador resuelto en 2012, referido a un embajador, acabó sin sanción al haber prescrito la infracción que se le atribuía.