Al Violador del ascensor se le podría aplicar la libertad vigilada

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, ha asegurado que al conocido como 'Violador del ascensor', Pedro Luis Gallego Fernández, se le podría aplicar las medidas de libertad vigilada que permite la última reforma del Código Penal.

Hernández ha mantenido este jueves en Valladolid un encuentro de trabajo con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, y con las Unidades de Violencia de Género de las nueve provincias de Castilla y León, antes de la cual ha sido preguntada por los periodistas por el caso de Gallego Fernández, quien tras la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que anula la aplicación de la conocida como Doctrina Parot, podría quedar en libertad en las próximas semanas.

 

Blanca Hernández ha recalcado que la última reforma del Código Penal introdujo un "importante" elemento para los delitos de violencia de género como la posibilidad de aplicar la libertad vigilada a los reclusos que queden en libertad, "si lo determina" el órgano judicial correspondiente.

 

La delegada para la Violencia de Género ha señalado que anteriormente, estas medidas estaban previstas para "otro tipo de delitos", pero desde la última reforma se puede tomar en casos de reclusos por violencia de género. Así, si se aprecia "una especial peligrosidad" se puede imponer la libertad vigilada en un plazo de "hasta tres o cinco años, con posibles prórrogas".

 

Esta medida implica distintas herramientas para "eliminar esta peligrosidad", como la prohibición de acercarse a las víctimas con el empleo de brazaletes telemáticos que garanticen las órdenes de alejamiento, obligaciones de no residir en un lugar determinado o presentarse en los juzgados.

 

Pedro Luis Gallego ya se encuentra en libertad tras ser condenado por el asesinato de la joven burgalesa Marta Obregón en 1993, la muerte de la joven vallisoletana Leticia Lebrato en 1992 y 18 violaciones más. Si se hubieran tenido en cuenta las reducciones de condena, podría haber salido a la calle en 2008, pero la aplicación de la Doctrina Parot lo ha mantenido encarcelado hasta la actualidad.

 

Por otra parte, Blanca Hernández ha explicado el funcionamiento de las Unidades de Violencia de Género, que buscan reforzar los mecanismos que existen para la atención y prevención de los casos de violencia de género y de las situaciones de desigualdad que pueden sufrir las mujeres.

 

Estas unidades coordinan los recursos del Estado para prevenir los delitos, favorecer la atención a las víctimas y también sensibilizar a la población. Así, por el momento se han establecido "conexiones" con los sistemas públicos de atención, se han firmado convenios para la atención de las víctimas y se ha contribuido a "eliminar el peregrinaje" de las víctimas para encontrar los mecanismos de protección.

 

Hernández ha querido recordar que los datos muestran que en 2013 se contabilizan hasta ahora, 44 muertes de mujeres por violencia de género, cinco menores asesinados "para hacer daño a sus madres" y 40 niños que se han quedado huérfanos. Las cifras son "similares" a las del año pasado, que fue el que registró menos fallecimientos por estos delitos, pero la delegada ha recalcado que se las administraciones deben continuar el trabajo "mientras haya un caso de violencia", lo que incluye, no sólo a agresiones, sino violencia verbal y psicológica o comportamientos de "control y aislamiento".

 

También ha apuntado que en el medio rural se percibe "curiosamente" un menor número de casos de violencia de género y de denuncias, lo que, como ha advertido Hernández, puede deberse a que en estos entornos resulta "se silencian todavía más" estas situaciones por las "singularidades propias" de las sociedades, que hacen "más difícil romper el silencio".

 

En todo caso, ha insistido en el mensaje de que "se puede salir de la violencia de género" y en hacer "a toda la sociedad partícipe", porque resultará "importante" la sociedad entera se conciencia de ejercer una "condena absoluta" al agresor.

 

Por último, ha advertido también a los medios de comunicación, de que, sin perjuicio de la objetividad, es "imprescindible respetar la dignidad de sus mujeres, de sus familias, su intimidad, los derechos fundamentales por encima de cualquier sensacionalismo", pues, ha recordado que deben ser "los primeros en colaborar en condenar rotundamente a cualquier agresor" porque crean opinión.

 

Por ello, ha considerado que cualquier información "que ponga por delante el sensacionalismo a los derechos de las mujeres que sufren la violencia" sería "incorrecta".