Al menos una docena de obras fueron supuestamente "amañadas" en la Operación Orquesta, según el auto del juez

El auto del juez instructor de la 'Operación Orquesta', en la que pertenecen imputados tres alcaldes y el exregidor de Cee, todos ellos de la Costa da Morte, incluye, al menos, una docena de obras que fueron supuestamente "amañadas" en los procedimientos de adjudicación, fundamentalmente en 2010 y que superan los 3,5 millones de euros.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)



De hecho, según recoge el auto del juez, al que ha tenido acceso Europa Press, la "esencia de la investigación fue la participación de autoridades y/o funcionarios públicos en conjunción con las personas del ámbito privado" en diversos delitos. Así, señala que ha sido una "constante" en la normativa "cómo se utilizan los procedimientos de contratación pública previstos en la ley de manera fraudulenta".

De esta manera, el auto judicial señala que es "habitual" observar "cómo una vez que se decidía qué empresa iba a ser adjudicataria de la obra, se aparentaba, a continuación, el proceso exigido legalmente, incluso con la colaboración de otras empresas 'concurrentes', en claro incumplimiento de las obligaciones legales".

En este sentido, y como señala el auto, "una vez conseguidas las adjudicaciones perseguidas por la empresa investigada, y en agradecimiento, se producían pagos de dádivas o regalos en favor de las autoridades y funcionarios de la Administración local".

CASA CULTURA CEE

A lo largo de los 42 folios que ha escrito el juez instructor, que tras cerrar esta fase de la 'Operación Orquesta se ha trasladado al juzgado de lo contencioso de Santiago de Compostela, se relatan diversas adjudicaciones de obras, siendo una de las de mayor cuantía la de la Casa da Cultura de Cee.

Las diversas obras contratadas ascienden a 700.000 euros y para su adjudicación, según recoge el auto, se aprecia "un claro amaño" de los distintos procedimiento, así como "contraprestación" del pago de un "10 por ciento del total de la obra", siendo la mitad del pago entregado "en mano y en efectivo" al entonces regidor, el independiente Ramón Vigo, según el relato del juez instructor.

La empresa beneficiaria es Construcciones Ogando, de la cual están imputados padre e hijo Ogando, en esta causa. El juez instructor les atribuye, a ambos, autores de supuestos delitos contra la administración pública en la modalidades de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

Además, aparece incluida la adjudicación, en Mazaricos, de dos obras a finales del año 2010, que suman 178.000 euros, mientras que a lo largo del año la misma empresa se benefició de 488.000 euros en contratos negociados sin publicidad. En esta localidad cuyo alcalde, el popular José Santos Maneiro también está imputado, entre marzo y abril se adjudicaron obras en la plaza de la Picota y para la guardería infantil, de un total de 300.000 euros.

En Fisterra, se contrataron las obras del campo de fútbol (340.000 euros), obras de saneamiento de O Sardiñeiro (810.000 coste de adjudicación), y otras actuaciones --entre las que se encuentran la cubierta polideportiva o el campo de fútbol-- por valor de 700.000 euros. El alcalde de esta localidad, José Manuel Traba, también está imputado en este caso.

Ya en el ayuntamiento de Corcubión, el juez incluye las obras de ajardinamiento y embellecimiento y una actuación en la plaza del Campo do Rollo. El regidor, el socialista Francisco Javier Lema Fuentes.

26 PERSONAS SIGUEN IMPUTADAS

En esta causa, además de los alcaldes y el exregidor imputados, están un total de 26 personas implicadas, entre ellas, el promotor cultural Jorge L.L., cuya implicación en la trama está vinculada con la organización de fiestas patronales.

El único hasta ahora imputado que queda libre de acusación es el funcionario Carlos R., que desempeñaba su labor en el Juzgado de Paz de Muxía, y al que el juez le atribuyó los supuestos delitos de falsificar facturas y de tráfico de influencias y cohecho en la contratación de una orquesta por parte del Ayuntamiento de Muxía en la Nochevieja de 2009.

Según recoge el auto, a instancias del alcalde de la localidad, el funcionario se pone en contacto con el promotor cultural Jorge L.L. para preguntarle por una orquesta y éste, a su vez, transmite a un empresario del ramo que había que "pagar 500 euros a un concejal" --refiriéndose así a Carlos R.-- para "evitar problemas" y obtener futuros contratos.

Finalmente, el empresario abona los 500 euros al promotor cultural, de los que el funcionario judicial "admite haber recibido 200", según constata el auto judicial. Pese a todo, tras analizar los hechos, el juez ha determinado que no hay indicios contra Carlos R. y ha decidido el sobreseimiento de las diligencias iniciadas contra él.