Al menos 12 detenidos en la operación contra Teconsa por delitos fiscales, blanqueo e insolvencia punible

Esta empresa fue adquirida por el liquidador de Marsans, Ángel de Cabo, e investigada en el marco de la instrucción por el caso Gürtel


MADRID/SANTIAGO DE COMPOSTELA/VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)

La Policía ha detenido al menos a 12 personas en el marco de la operación denominada 'Caballo de Troya' contra la empresa constructora Teconsa, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Estas mismas fuentes han precisado que los detenidos están acusados de haber cometido presuntamente blanqueo de capitales, delitos fiscales e insolvencia punible.

En concreto se han producido dos arrestos en Ponferrada (Castilla y León), uno en La Coruña, cuatro en Valencia y cinco en Madrid. Además, las fuentes consultadas añaden que hay una decimotercera persona implicada ya en prisión, previsiblemente el empresario valenciano Ángel de Cabo, en la cárcel desde el pasado mes de diciembre por su relación con la 'operación Crucero' en la que también fue detenido el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

Asimismo, las fuentes consultadas añaden que los detenidos en Ponferrada estarían relacionados con la familia Martín Núñez, uno de ellos una hija, a la que De Cabo compró Teconsa después de declararse en concurso de acreedores siguiendo el mismo procedimiento que realizó en Marsans o Nueva Rumasa.

La operación 'Caballo de Troya', practicada por la Policía en la colaboración con la Agencia Tributaria, está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela del que es titular José Antonio Vázquez-Pahín. Esta investigación tiene su origen en la 'operación Crucero', en la que, entre otras cosas, se investiga a De Cabo por adquirir en 2010 las empresas del Grupo Marsans por un precio ficticio con la intención de ocultar sus bienes y evitar posibles embargos.

La operación iniciada este lunes continúa abierta por lo que podrían realizarse nuevos arrestos en las próximas horas. Asimismo las fuerzas de seguridad continuarán realizando registros mañana martes. Hasta ahora han realizado registros en Madrid, Castilla y León, Valencia y Galicia, han informado fuentes policiales.

LA SONORIZACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

Teconsa, además, fue investigada en el marco del caso 'Gürtel' por la sonorización de la visita que el Papa realizó a Valencia en julio de 2006. Esta empresa admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que cobró facturas completas a las empresas a las que subcontrató estos trabajos un mes antes de que se llevaran a cabo.

Así lo manifestó el directivo de la empresa Rafael Martínez Molinero, que admitió que la compañía cobró en junio de 2006 de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) un total de 7.493.600 euros por la instalación y desmontaje de equipos de audio y vídeo que fueron llevadas a cabo por otras empresas un mes después.

VARIANTE DE OLLEROS DE ALBA (LEÓN)

También en el marco de la investigación de la trama Gürtel, Teconsa fue investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en relación a la supuesta adjudicación irregular de la construcción de un tramo de la variante de Olleros de Alba (León) a esta constructora. Está investigación finalmente fue sobreseída.

En concreto, un informe de la UDEF apuntaba que la constructora Teconsa, que en 2002 ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3 por ciento del contrato, descontando el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió supuestamente el botín entre otros, entre los que se incluía a José Manuel Fernández Santiago, que entonces desempeñaba el cargo de consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León.

Respecto a Rafael Martínez Molinero, José Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra, el TSJCyL entendió que debían ser exonerados de la consideración de imputados porque si los tres o alguno de ellos, en su condición de responsables de Teconsa, pagaron a Correa el 3% del importe de la adjudicación de la variante, tal pago se realizó a un empresario particular y la retribución de que se trata aparece en principio destinada a él como pago de una mediación o intervención no necesariamente ilícita, "ya que no cabe presumir que supieran que iba destinado en todo o en parte a corromper a funcionarios o políticos, ni menos aun que se hiciera con esa finalidad".