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Cartel definitivo iberian file

Al banquillo el propietario de un bar en Arroyo por un conflicto con un kiosquero

El kiosquero acusó al propietario del bar de traficar con drogas, a lo que este respondió con insultos y amenazas de muerte por las que se enfrenta a juicio este miércoles en Valladolid.

El propietario de un bar de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), F.V.G, habrá de ocupar el banquillo de un Juzgado de lo Penal de la ciudad este miércoles, 4 de mayo, para responder por el presunto hostigamiento y continuas amenazas que desde septiembre de 2014 vendría sufriendo un matrimonio vecino de la localidad, propietario de un kiosco próximo, después de que el 'kiosquero' acusara al primero de traficar con drogas en su establecimiento.

 

El procesado podría ser condenado a penas que oscilan entre los casi cuatro años y medio de cárcel que solicita el Ministerio Fiscal, como autor de tres delitos continuados contra la Administración de Justicia, amenazas y quebrantamiento de medidas cautelares, y los dos años y nueve meses que interesa la acusación particular, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

Los acusadores solicitan, asimismo, el pago de multas por importe de entre 7.920 y 9.900 euros, mientras que el letrado de las presuntas víctimas de tales delitos pide una indemnización de 50.000 euros por los daños morales y psicológicos sufridos y otros 150 euros por las lesiones que una supuesta agresión del denunciado ocasionaron al 'kiosquero', J.J.A.F, mientras que la acusación pública pide únicamente en este capítulo 150 por las lesiones, otros 100 por secuelas y otros 98 para el Sacyl por los gastos derivados de la asistencia del herido.

 

El origen de la presente causa se remonta al día 4 de marzo de 2014, fecha en la que J.J.A.F. declaró como testigo en el Puesto de la Guardia Civil de Puente Colgante para relatar la supuesta participación del hostelero en un delito de tráfico de drogas en su establecimiento, lo que dio lugar a unas diligencias recaídas en Instrucción número 5 en las que  F.V.G. llegó a declarar en calidad de imputado pero que finalmente fueron sobreseídas mediante auto de fecha 10 de junio de ese mismo año.

 

"TE VOY A PEGAR UN TIRO"

 

A partir de ese momento, siempre según las acusaciones, el hostelero, cuyo local está próximo al kiosco de su denunciante y la esposa de éste, comenzó una campaña de hostigamiento, con amenazas de muerte hacia J.J.AF. del tipo "te voy a pegar un tiro" e insultos a su pareja a la que llamó "puta" y "gorda" en distintas ocasiones, y todo ello casi siempre en las inmediaciones del lugar de trabajo del matrimonio.

 

En una de las ocasiones, el día 10 de septiembre de 2014, las amenazas desembocaron presuntamente en una agresión cuando, según recogen las acusaciones en sus respectivos escritos, el imputado se acercó al 'kiosquero' en ademán amenazante y al colocar este último la mano en actitud de defensa el primero le lesionó al cogerle los dedos y retorcérselos.

 

Desde ese día, tanto el fiscal como la acusación particular sostienen que el acusado no cesó de acercarse a la víctima y su esposa para proferir todo tipo de amenazas de muerte y descalificaciones, hasta el punto de que finalmente el Juzgado de Instrucción 5 se vio obligado a dictar un auto el 23 de diciembre de 2014 que, como medida cautelar, le prohibía acercarse a menos de diez metros del matrimonio y su familia, siempre y cuando el hostelero se hallara en su bar en horario normal de trabajo, y a no menos de 100 cuando no se encontrara trabajando.

 

Pese a la taxativa prohibición y la advertencia de las consecuencias derivadas de su no cumplimiento, los acusadores coinciden al sostener que el imputado persistió en su campaña amedrentadora y hasta en una decena de ocasiones se aproximó a los titulares del kiosco a menos de las distancias fijadas con el fin de seguir con sus amenazas e insultos. "Me paso las denuncias por la punta de la polla", "chivato hijo de puta" o "te voy a quemar la casa" son algunas de las lindezas que las acusaciones ponen en boca del hostelero.

 

A consecuencia de la experiencia traumática vivida, el matrimonio, que tienen dos hijos menores de edad, ha optado finalmente por abandonar su negocio y cerrar el kiosco regentado durante los últimos cuatro años para evitar males mayores.