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Adiós al IPC: se acabó la subida automática del billete de tren, bus y medicamentos

Medicinas, Medicamentos, Fármacos

El Gobierno aprueba dejar de usar el IPC para la revisíon de precios públicos: el ahorro puede ser de unos 700 millones para los ciudadanos en plena tendencia al alza.

El Gobierno ha dado el paso definitivo para acabar con el índice de precios al consumo, el IPC, la referencia que durante años se ha usado para revisar automáticamente (y muchas veces al alza) los precios de servicios públicos como el transporte o los peajes: la tradicional subida de precio de los billetes de bus, tren o de las autopistas ha pasado a mejor vida. Lo mismo ocurre con los medicamentos, cuyos precios se revisan cada año con este índice.

 

Esta es la consecuencia del paso dado por el Consejo de Ministros este viernes al aprobar el real decreto por el que se desarrolla la Ley de Desindexación de la economía por la que se desvinculan los precios públicos de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), y se revisarán cuando varíen sus costes específicos, al tiempo que marca excepciones en el caso de los precios de los productos energéticos, los grandes inversiones públicas y arrendamientos públicos.

 

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que se trata de evitar que los precios públicos suban de acuerdo con el alza de la inflación, ya que muchas veces se trata de subidas puntuales que no se mantienen en el tiempo.

 

La norma, que deja fuera de su ámbito de aplicación a pensiones, la negociación colectiva y la deuda del Estado, tiene por objetivo desvincular totalmente del IPC los precios que se fijan en la prestación de servicios públicos para contribuir a la estabilidad de precios y a la mejora de la competitividad de la economía española. En concreto, establece que los precios que se fijan en la prestación de servicios no se actualizarán automáticamente con el IPC, sino que la subida se hará conforme al incremento de los costes derivados de los servicios, con el objetivo de evitar los "efectos de segunda ronda".

 

El objetivo es que el alza de los precios generales no se traslade a los salarios ni a los precios públicos, como los del transporte o los contratos públicos, y evitar un aumento automático de los precios aunque los costes específicos de ese servicio no se hayan visto alterados. Según estimaciones del Ministerio de Economía, los gastos en bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 35.000 millones de euros anuales, el 3,5% del PIB. Por consiguiente, si la inflación alcanzara en un año el 2%, el ahorro para las familias en lo que se refiere a productos y servicios afectados por la norma sería de unos 700 millones de euros.