Absuelto el jefe de Intervención de Armas acusado de prevaricación

La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del actual jefe de Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil, J.Z.P, que fue acusado de prevaricación por paralizar en 2013 la solicitud de renovación de licencia de caza presentada por un cazador.

"CONDUCTA OMISIVA Y OBSTATIVA DEL DENUNCIANTE"

 

"De dichos datos cronológicos se infiere que no ha sido precisamente una actuación omisiva del acusado la que propició la paralización del expediente", indica la Sección Segunda de lo Penal, que atribuye buena parte de la culpa al propio solicitante por su "reiterada conducta omisiva y obstativa" en una materia tan sensible como la de armas de la que debía ser perfectamente conocedor "pues cuenta con una experiencia de treinta años".

La absolución, frente a los siete años y medio y diez años de inhabilitación solicitados, respectivamente, por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, la fundamenta el tribunal en que de lo actuado no se observa actuación delictiva alguna del procesado, del que recuerda que su labor era estrictamente administrativa, en concreto velar por que los solicitantes de licencias aportaran documentación complementaria en casos de expedientes incompletos, pues la resolución final era competencia de la XII Zona de la Guardia Civil, con base en León.

 

En el presente caso, la Audiencia de Valladolid, en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que el cazador no aportó documentación requerida para demostrar la idoneidad del armero que poseía en su casa, de ahí las gestiones emprendidas por el jefe de la Intervención de Armas para que subsanase dicha irregularidad, hasta el punto de presentarse incluso el día 6 septiembre de 2013 en casa del solicitante, provisto de una cámara de fotos, para tomar unas instantáneas del mismo.

 

Sin embargo, el tribunal advierte de que el cazador no sólo negó la entrada al acusado sino que además rechazó realizar él mismo el reportaje fotográfico del armero con la cámara oficial. Fue finalmente la Abogacía del Estado, tal y como incide la Audiencia Provincial, la que en abril de 2014 solicitó la entrada en el domicilio del solicitante de la renovación de la licencia de caza y se constató entonces las irregularidades que presentaba el armero.