Abstención del PP en la votación para la modificación puntual del PGOU sobre El Salvador

Los populares en el Ayuntamiento de Valladolid argumentan su decisión de mantenerse al margen por "las múltimples dudas que ofrece el expediente presentado"

El presidente del Grupo Popular, José Antonio Martínez Bermejo, recuerda que ya ha manifestado en diversas ocasiones que apoyará cualquier proyecto que mejore el actual ubicado en Villa del Prado, siempre que sea viable y que no cueste dinero al contribuyente vallisoletano.

 

 

Sin embargo, entiende que la propuesta sometida a dictamen por el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, y que será elevada al Pleno de la Corporación el próximo martes, "además de no contener ninguna valoración económica de los derechos afectados, ni de contar con el acuerdo de ninguno de los propietarios (ni particulares ni institucionales), se quiere financiar con los terrenos del Zambrana, que el Ayuntamiento se vio obligado a comprar y que la Corporación acordó, por unanimidad, tratar de devolver a la Junta de Castilla y León".

 

Por esta razón, Martínez Bermejo ha preguntado si esta propuesta de ofrecer los terrenos del Zambrana a los propietarios del antiguo Colegio del Salvador y al INSS supone la renuncia a exigir a la Junta de Castilla y León la revisión de oficio del convenio de reversión con la familia Puentes, que fue el detonante de la compra forzosa de dichos terrenos por el Ayuntamiento, ampliamente criticada por el actual gobierno cuando estaba en la oposición.

 

CONTRADICCIÓN

 

Ante ello, Saravia, tal y como apunta el PP a través de un comunicado, ha afirmado con total rotundidad que este ofrecimiento no supone renunciar a deshacerse de los terrenos que ahora se ofrecen para ubicar las dependencias judiciales en El Salvador y en la antigua Residencia, "anunciando incluso la interposición de un contencioso contra la Administración autonómica, lo que constituye una grave contradicción".

 

En el supuesto de que esta modificación del planeamiento prosperase, y que al mismo tiempo el Ayuntamiento consiguiera en vía administrativa o judicial la revocación del convenio entre la Junta de Castilla y León y la familia Puentes, Martínez Bermejo advierte de que las consecuencias jurídicas y económicas podrían ser tremendamente lesivas.

 

"En estas condiciones, es más que previsible que la alternativa Ciudad de la Justicia que viene anunciando el tripartito genere una litigiosidad que la haga inviable y que, además, ponga en peligro el proyecto que ya estaba listo para contratar por el Ministerio y al que no ha renunciado a día de hoy", critica el portavoz popular.

 

Éste ha preguntado a Saravia por el estado de tramitación de la Licencia Ambiental solicitada por el Ministerio, para proseguir con el Campus de la Justicia en Villa del Prado, cuyo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia se publicó en el día de ayer.

 

"En definitiva, todo apunta a que estamos ante una estrategia negociadora del gobierno tripartito para forzar la voluntad de los propietarios, más que ante un proyecto viable en estos momentos", censura Martínez Bermejo, quien añade que lo único que ha logrado hasta ahora el gobierno de coalición es "parar el proyecto que estaba en marcha y retrasarlo por lo menos un año. La cuestión es si al final la ciudad se puede ver abocada a no tener ni uno ni otro proyecto y perpetuar una dispersión de sedes judiciales absolutamente insostenible".