Abren procedimiento abreviado contra el exalcalde de Arroyo y su equipo

El procedimiento indicia como presuntos autores de delitos contra la administración pública y usurpación de funciones públicas, tal y como sostiene en su querella la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha acordado abrir procedimiento abreviado contra el exalcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, y su equipo de concejales de Independientes por Arroyo (IPAE) como presuntos autores de delitos contra la administración pública y usurpación de funciones públicas, tal y como sostiene en su querella la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI.

  

En su auto, el titular del juzgado, José María Crespo, ha resuelto transformar las presentes diligencias previas en procedimiento abreviado por si los hechos fueran constitutivos de un delito contra la Administración de Jusicia/usurpación de funciones/desobediencia, a cuyo efecto acuerda dar traslado al fiscal y a la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI para que en el plazo común de diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

  

Méndez, desde el 8 de enero de 2015 preso en el penal de Teixeiro (A Coruña), permaneció en el cargo más de un año a pesar de que fuera condenado por la Audiencia de Valladolid a una pena de tres años de cárcel y dieciséis de inhabilitación por delitos de prevaricación y cohecho por el denominado 'Caso Arroyo' de irregularidades urbanísticas, fallo posteriormente confirmado por el Supremo.

  

La querella contra el exmunícipe y su corporación--incluido el hoy independiente Luis Miguel Jara de Castro--fue interpuesta por la Asociación Arroyo Siglo XXI al entender que Méndez, según la reforma en 2011 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), estuvo usurpando el cargo desde el día 22 de noviembre de 2013, fecha en la que se conoció la sentencia, puesto que en dicho texto reformado se considera tanto causa de inelegibilidad como de incompatibilidad la condena, aunque no sea firme, por delitos contra la administración pública cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la inhabilitación absoluta o suspensión para empleo o cargo público.