Silueta original

Escuela de hegemonía

Estefanía Rodero

Del derecho humano a la vivienda y la pobreza energética

 

No podemos hablar del derecho humano a la vivienda digna en nuestro país ni del impacto de la pobreza energética íntimamente ligado sin tener una panorámica clara de la situación real que está viviendo España.

 

En nuestro país más de 10 millones de personas viven en hogares cuyos ingresos se sitúan bajo el umbral de la pobreza, 2,5 millones de trabajadores son pobres y alrededor de 720.000 familias no perciben ningún tipo de renta, A día de hoy aún no contamos con un sistema fiscal que garantice la redistribución de la renta y que se enfoque en la reducción de las desigualdades y la erradicación de la pobreza.

 

Es por ello que, para Podemos, la defensa de la vivienda digna tiene que ir indisolublemente de la mano de políticas económicas coherentes al servicio de las familias frente a los intereses de los bancos.

 

No es ninguna casualidad que Podemos haya pedido la comparecencia del hijo de Aznar en la Asamblea de Madrid para clarificar su papel en la venta de viviendas sociales a fondos buitre norteamericanos (1890 viviendas). Ni tampoco es casualidad que estemos pidiéndole a la Administración Pública, como uno de los principales clientes bancarios, que haga valer su capacidad de negociación y no trabaje con bancos que desahucien mientras acaparan vivienda.

 

Estas exigencias como partido político sólo se pueden mantener, si como es nuestro caso, nos negamos a recibir dinero y financiación de los bancos y en contabilidad interna se trabaja exclusivamente con banca ética.

 

La semana pasada PODEMOS presentó sus cinco grandes acuerdos de gobierno, entre los que se encuentra el blindaje del derecho a la vivienda en la Constitución (en consonancia, por cierto, con la campaña estatal de Intermon Oxfam, Greenpeace y Amnistía Internacional "Blinda tus derechos").

 

Ya en nuestros programas autonómicos, como parte fundamental del Rescate Ciudadano, que pone la vida digna en el centro, tratábamos la vivienda en primer lugar, recuperando su carácter de derecho social frente a la especulación. Entre algunas de las propuestas ya se encontraban la elaboración de un informe detallado de las viviendas en propiedad de la banca intervenida, cuántas han sido transferidas al Sareb y por qué importes, la elaboración de un estudio detallado sobre viviendas vacías, la sustitución del actual Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio por el Servicio Público del Derecho a la Vivienda, la certificación de las buenas prácticas bancarias que premiase la negociación sostenible y que puntuase en procesos de contratación pública. Por supuesto incluir en la legislación que la dación en pago anterior al juicio no es una donación al banco, para que deje de tributar como ganancia patrimonial, ampliar y mejorar el parque público de vivienda y alquiler social, impulsar la rehabilitación de viviendas bajo criterios de eficiencia energética.

 

Pero nos interesa poner el foco de atención sobre la pobreza energética, impulsar medidas que garanticen el suministro energético, hacer cumplir las leyes que ya lo regulan (como el Decreto 12/2013 21 de marzo), que nunca el pago del suministro energético sea superior al 10% de los ingresos.

 

Tenemos que recordar cada vez que afrontemos la defensa del derecho humano a la vivienda en nuestro país que el 30% de las viviendas vacías de Europa están en España y que gastamos en vivienda social el 1,1% frente al 32% de los países europeos.

 

Desde luego que queremos avanzar en la justiciabilidad del derecho a la vivienda en nuestro país, contemplarlo como una prioridad en el proceso constituyente. Afrontar de una vez por todas la regulación de las agencias de recobro y tomar conciencia de que un país que optó por rescatar a la misma banca que dejó a nuestra gente en la calle, necesita con absoluta urgencia recuperar la dignidad en las instituciones y abrazar, el 20 de diciembre ya está cerca, el cambio.

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